Las personas que permanecían en el edificio se quedaron a la deriba luego de la expropiación, como es el caso de Celia Pérez, quien trabajó 25 años en el lugar. Pérez permanece en su residencia y ante la imposibilidad de conseguir un local decidió cerrar la compañía. Señala el diario El Universal.
«Fuimos a la Superintendencia Municipal de Administración Tributaria (Sumat) para anunciar el cierre por expropiación, pero no aparece el registro. Los dueños se desilusionaron y no fueron más a la Sindicatura Municipal porque buscan hacerles trampa», dijo.
Los ex trabajadores de La Francia buscan trabajo para mantener a sus familias. «Dejamos el mobiliario en el piso 6 porque la Policía de Caracas (Policaracas) nos puso muchas trabas», dijo Pérez.
Sandra Cuquejo también trabajó en La Francia, ella aseguró que hasta febrero pagaron el condominio y la vigilancia.
«Todavía no hemos ubicado un sitio. No tenemos seguridad jurídica y económica, por eso sobrevivo atendiendo clientes en su casas», resaltó.
Cuquejo resaltó que La Francia «está cerrada, sin uso útil». «Lo insólito es que pegaron una calcomanía de la Corporación Eléctrica que decía que colaboramos con la reducción del consumo eléctrico. Se redujo 100% por humillación del Gobierno».
El resto de los comerciantes coincide en que colocaron sus pertenencias y talleres provisionalmente en los edificios Pacífico y Once del centro, otros en Sabana Grande. Aseguran que buscan un edificio cerca del Centro Plaza para reagruparse.
Las expropiaciones y desalojos del Ejecutivo y la Alcaldía de Libertador arroparon también a 260 comerciantes del centro Sambil de Candelaria y a 17 comerciantes y nueve familias que vivieron por más de 20 años en Santa Rosa (Maripérez). También afectaron a 300 trabajadores de Coca-Cola en Catia que cubrían 52 rutas.
Nidia Sandoval invirtió su dinero en el Sambil Candelaria. «Espero solución hace 15 meses para mantener a mi familia. Hubo una reunión en el Centro Lido hace pocos días con la Constructora Cohen para informar que esperan que el Estado les pague para devolvernos el dinero«, dijo Sandoval, quien agregó que su situación económica se derrumbó y que su esposo tuvo que conseguir trabajo temporal para pagar las deudas bancarias (BsF 400 mil).
Miriam Rodríguez fue desalojada «a la fuerza» por Policaracas del local y vivienda que arrendó por más de 20 años en Santa Rosa. A más de un año la Alcaldía de Libertador no le ha otorgado vivienda en el lugar y permanece en el refugio La Ciudadela, en Catia.
«Estoy sin trabajo. La semana pasada voceros del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda (Mopvi) pretendían mandarnos a Maturín y nos negamos porque el alcalde Jorge Rodríguez nos ofreció vivienda en Santa Rosa, esos terrenos están llenos de indigentes», resaltó.
Carlos Ramírez, vecino de Catia, asegura que con la expropiación de la Coca-Cola en Gramovén se quedó sin empleo. «Si sigo así perderé mi casa». A casi un año de la expropiación apenas se levantan las bases para once edificios.
El incendio de la Torre Este de Parque Central provocó el desalojo de más de 20 comerciantes. Tras seis años de espera el Ejecutivo pretende asignar los espacios a cooperativas.
Los propietarios de 34 líneas de transporte del terminal de oriente fueron desalojados del estacionamiento del lugar por el ex gobernador de Miranda Diosdado Cabello para ocuparlos con vehículos del Sitssa. Los transportistas ahora trabajan en los alrededores del terminal en pésimas condiciones.
mr / Reporte360