Expropiaciones en el sector agricola que realiza el gobierno nacional, representan el 72% de los embargos que se llevan a cabo en todas las áreas del territorio nacional

   En la comunidad de San José del Tiznado, en el estado Guárico, un grupo de productores agrícolas fue sorprendido por una comisión del Instituto Nacional de Tierras que sacó a los trabajadores de las fincas puesto que se pretende crear una unidad de producción socialista.

Los agricultores señalaron que esta es la segunda vez que sus actividades son paralizadas. La primera fue en diciembre del año pasado sobre nueve predios. La intervención fue hecha luego de un proceso de recuperación en el que la tierra estaba abonada y lista para una nueva siembra de maíz.

El nacional, asegura que la segunda y más reciente, fue realizada con la presencia de tractores para rastrear la siembra de pasto y destruir el acondicionamiento del terreno que habían hecho los productores, lo cuales tienen más de 30 años de experiencia en el cultivo de maíz y la cría de ganado.

Según el rotativo, estas situaciones representan el 72% de expropiaciones para el sector agrícola, así lo indicó Felipe Benítez, coordinador general del Observatorio del Derecho a la Propiedad, organismo no gubernamental formado por un equipo de analistas de Cedice-Libertad y Liderazgo y Visión.

Benítez también aseguró que según las cifras aportadas por la Federación Nacional de Ganaderos y sus propias investigaciones, las actuaciones del Estado contra la propiedad privada han afectado principalmente a las zonas agropecuarias.

«Entre 2005 y 2009, 550 fincas fueron expropiadas, lo cual representa más de 72% del total de 762 expropiaciones ¬que incluye las registradas en áreas urbanas- llevadas a cabo en el país y en todos los sectores en ese mismo período», afirmó.

Pese a esta situación los propietarios de las fincas de producción agrícola no han llegado a ningún acuerdo con el Instituto Nacional de Tierras.

Según el diario, uno de los principales problemas a los que se enfrentan los propietarios a la hora de las expropiaciones tiene que ver con la dificultad para demostrar la cadena titulativa.

«La Ley de Tierras Baldías y Ejidos de 1936 está vigente, y concede validez a todos los documentos protocolizados antes de abril de 1848, pero agrega que si el propietario no tiene esos documentos y demuestra la posesión ininterrumpida, el Estado debe dar prioridad al trabajo por encima de la posesión”, señaló Manuel Cipriano Heredia presidente de Fedenaga.

El productor Blas Pérez indica: en Aragua y Guárico, a pesar de que a los propietarios les dieron un tiempo para que presentaran la titularidad de las tierras, la comisión no respetó el acuerdo y metió las maquinarias en los terrenos. La situación de desconocimiento de la cadena titulativa representa el 40% de los casos de expropiación.

«Hemos continuado con los procedimientos legales para defendernos cuando en este país exista el Estado de Derecho. Mis documentos de propiedad datan desde 1838, 12 años antes de que se declarara la Ley de Registros en 1848, fecha que exigen las autoridades para reconocer la pertenencia de las tierras», afirmó Oscar Martínez, dueño de la Hacienda San José, uno de los predios intervenidos en el valle del Turbio, estado Lara.

mr / Reporte360