Fedecámaras Lara entregará hoy a la Alcaldía de Iribarren el informe técnico realizado por un grupo de ingenieros que establece las razones por las cuales los terrenos en la zona industrial I de Barquisimeto no están aptos para la construcción de viviendas.
El presidente de la cúpula empresarial en la región, Elías Bessis, reiteró que la expropiación de los terrenos en la zona es ilegal, porque no se modificó el Plan de Desarrollo Urbano Local (PNUL) de la ciudad de Barquisimeto de forma previa, y además porque constituye un irrespeto a la propiedad privada.
El PNUL establece las normas de cómo va a crecer la ciudad a futuro, y su modificación podrá llevarse a cabo en el año 2013, de allí la insistencia del sector comercial e industrial que el decreto de expropiación es violatorio a la ley.
Bessis dijo estar consciente de que la ciudad creció, pero considera ilógico que ese sea el argumento para expropiar los terrenos, cuando el municipio Iribarren tiene una cantidad de terrenos que de acuerdo al PNUL están en condiciones para urbanizarse a un costo más económico y sin afectar el empleo.
Besis detalló que según estudios, una vivienda en la zona industrial tendrá un costo aproximado de 1.200 millones de bolívares cada una, por la remoción de tierras y adecuación de las tuberías de agua que hay que realizar, aparte del levantamiento de la obra.
Señaló que es precisamente esta situación la que inquieta al sector empresarial y no es porque “queremos pelear con los que tienen necesidad de casas”. Considera que el Ejecutivo debe asumir su responsabilidad en la falta de construcción de soluciones habitacionales, pero no sacrificando al aparato productivo.
“¿Cuántas viviendas le debe el Estado a la población larense? Lo triste es que no han hecho viviendas”, reflexionó Bessis, al recordar la problemática que actualmente enfrentan tras la ocupación de un terreno ubicado frente a la Villa Crepuscular, en la vía Quíbor, por unas 1.500 familias.
El presidente de Fedecámaras Lara indicó que los trámites de hoy ante la Alcaldía de Iribarren están enmacardos en la serie de actos sucesivos que realizarán para demostrar la “ilegalidad” de la medida, porque -según dijo- no se corresponde al PNUL.
El Universal
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