Exdiplomático venezolano denuncia ante la OEA que Maduro «ha criminalizado la salud»

Medina hizo estas afirmaciones en la tercera audiencia de la OEA, con sede en Washington, sobre los posibles crímenes contra la humanidad cometidos en Venezuela.

Explicó, en una declaración muy crítica con el chavismo, que dejó su puesto en la ONU por «la falta de interés del Gobierno de Maduro sobre la profunda crisis humanitaria en Venezuela».

«Omisión, ocultamiento, obstaculización, manipulación de la información, la negación de la crisis humanitaria se configura como otro crimen de lesa humanidad cometido por Nicolás Maduro», afirmó.

«La política de Estado criminal ha tenido como resultado la muerte de miles de venezolanos. No puede quedar impune la negación de la crisis humanitaria», agregó.

En opinión del exdiplomático, «la dictadura, además de criminalizar la protesta, también ha criminalizado la salud y condenado a sus víctimas al sufrimiento y la muerte».

«Hay un régimen de apartheid político, solo suministra (el Gobierno) alimentos a quienes son sus seguidores, teniendo que presentar un carnet al que denominan carnet de la patria», señaló.

Preguntado por los expertos independientes a cargo de las audiencias si considera que se trata de algo «sistemático», aseguró que «es un crimen de lesa humanidad sistemático» y puso como ejemplo «el aumento de índices de fallecimientos» o las «personas que sufren de diabetes y tienen que amputarle miembros por falta de tratamientos».

Uno de los juristas independientes, el ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Santiago Cantón (2001-2012), le recordó que es imprescindible presentar documentación que acredite sus denuncias.

Los dos testimonios anteriores al suyo versaron sobre la supuesta parcialidad de la Justicia venezolana al servicio del Gobierno de Maduro.

Uno de ellos fue el de la jueza que emitió la orden de privación de libertad del líder opositor Leopoldo López, ahora en prisión domiciliaria.

La exjueza del área metropolitana de Caracas Ralenis Tovar, que intervino a través de Skype desde Canadá, dijo que firmó esa orden judicial «por miedo a salir presa» y al sentirse «amedrentada».

Preguntada por si en Venezuela existe un «patrón de intimidación a los jueces de forma amplia y sistemática», aseguró que «sí, por supuesto», ya que «hasta que no logran lo que quieren, intimidan constantemente».

En su opinión, el poder judicial de Venezuela «se ha convertido en un poder totalmente complaciente a los caprichos del Ejecutivo nacional».

Ese punto de vista lo compartió Pedro Troconis, magistrado del Tribunal Supremo designado el pasado mes de julio por el Parlamento venezolano, y cuyos miembros están desde entonces perseguidos por la Justicia venezolana.