Estiman que en 8 días Elías Jaua responda a los estudiantes

   «Entregan lo que van a entregar y luego hacen su declaración», dijo el custodio en las puertas de la Vicepresidencia de la República a la comisión de estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y de la Simón Bolívar (USB) que arribó ayer a la sede.

Los jóvenes, en representación de las universidades autónomas del país, acudieron al organismo para entregar un documento a través del cual solicitan al presidente Hugo Chávez que no promulgue la nueva Ley de Educación Universitaria (LEU). Es el cuarto que le dirigen en menos de una semana con la misma petición.

Unos 20 estudiantes y, al menos, 15 guardias nacionales se mantuvieron frente a frente mientras Diego Scharifker, presidente de la FCU-UCV, y Javier Martucci, ex secretario general de la FCE-USB, entraron a la Secretaría del despacho. Tras 20 minutos, ambos salieron con la constancia del «recibido» y el compromiso asumido por el Ejecutivo de dar respuesta a su misiva en ocho días.

La actividad concluyó con la invitación a acudir hoy, a las 11 de la noche, a la Plaza del Rectorado UCV a recibir el año nuevo con un «abrazo de paz». Antes de la retirada Scharifker recordó: «Venimos a decirle al Presidente que si llega a promulgar esta ley a nosotros nos queda una sola opción y es salir a las calles de manera pacífica pero contundente».

Aniquila la autonomía

Según el documento, la principal razón por la cual rechazan la LEU es por ser violatoria de la Constitución.

El artículo 109 de la Carta Magna contempla la autonomía universitaria como «principio y jerarquía que permite a los profesores, profesoras, estudiantes, egresados y egresadas de su comunidad dedicarse a la búsqueda de conocimiento (…) Se consagra la autonomía universitaria para planificar, organizar, elaborar y actualizar los programas de investigación, docencia y extensión».

Consideran que con el artículo 11, numeral 2, parágrafo f, se viola la autonomía al convertir en competencias del Ministerio de Educación Universitaria «la organización de las estructuras académicas y administrativas». En el parágrafo g se especifica que dicho ente está facultado para «la creación, modificación y supresión de programas de formación, creación intelectual e interacción con las comunidades».

Según el 109 de la Constitución, «las universidades autónomas se darán sus normas de gobierno, funcionamiento y la administración eficiente de su patrimonio bajo el control y vigilancia que a tales efectos establezca la ley»; pero en el artículo 11 de la LEU se afirma que será el Ministerio quien controle, supervise y regule «los usos y fines del patrimonio de las instituciones universitarias». También rechazan que sea el Ejecutivo el encargado de dictar los reglamentos electorales (artículo 80) o los reglamentos de gobierno universitario (artículo 83).

¿La petición? La no promulgación en Gaceta Oficial y consecuente discusión de una nueva ley con todos los sectores. ¿La decisión del Ejecutivo? Habrá que esperar el próximo año.