Silvia Martínez, esposa de Braulio Jatar, denunció que el pasado 29 de noviembre se venció el plazo que tenía la jueza que lleva el caso del periodista para pronunciarse sobre la privativa de libertad y su situación de salud.
Desde el pasado 7 de noviembre Martínez está pidiendo atención especializada para Jatar, quien es hipertenso y ha sufrido varios episodios en los que la tensión arterial le ha llegado a 140 /100. Asegura que el Internado Judicial de Cumaná, donde se encuentra recluido, no tiene suficientes recursos para atender las emergencias.
“La salud de mi esposo es una bomba de tiempo en manos del gobierno”, dijo en entrevista exclusiva con El Nacional Web.
Martínez indicó que ella le lleva al periodista el tratamiento que usa para controlar su condición, pero explicó que cuando ha tenido las crisis le han suministrado aspirinas y, según el médico de confianza, está contraindicado.
Además, denuncia que Jatar ha sufrido de deshidratación por estar en lugares en los que la temperatura supera los 40º centígrados.
“Supongo que ellos atienden las emergencias con los recursos que tienen a la mano. Por eso es un riesgo que a él, con 58 años de edad, lo mantengan en estas condiciones”.
Proceso de reclusión
Braulio Jatar fue detenido el pasado 3 de septiembre porque, según la versión oficial, está presuntamente involucrado en el delito de lavado de dinero. Sin embargo, sus familiares aseguraron que el motivo de su aprehensión fue la difusión de videos e imágenes del cacerolazo que realizó la comunidad de Villa Rosa, en Nueva Esparta, en contra del presidente Nicolás Maduro, quien se encontraba dando un recorrido por la zona.
Aunque le designaron la sede del Sebin en Margarita como su sitio de reclusión, Martínez denunció que ha sido trasladado tres veces: el 10 de septiembre para la cárcel 16 de Julio en Guárico, el 25 de septiembre para el Internado Judicial de Cumaná y en la cuarta semana de noviembre lo trasladaron para el Internado Judicial de San Antonio, en Nueva Esparta, en el que duró tres días y fue llevado nuevamente a Cumaná.
“Todos estos traslados, más las condiciones extremas de los lugares en los que ha estado, empeoran muchísimo su situación de salud. En las fotos se evidencia su deterioro”, ratificó.
Denunció que lo trasladan de noche, sin previo aviso y que lo meten en celdas con presos comunes.
“Cuando lo llevaron a la 16 de Julio nadie lo esperaba. Lo dejaron en la celda común con algunos reclusos enfermos, le dieron un uniforme lleno de sangre y le raparon el cabello. Él está viviendo un régimen carcelario que no le corresponde porque ni siquiera ha sido procesado, no ha sido sentenciado, ha sido condenado. No tiene por qué estar apegado a este régimen para personas que ya están sentenciadas y condenadas”.
Cuando lo trasladaron a Cumaná también fue de noche y entró en un anexo en el que había un grupo aproximado de 60 reos comunes. Días después fue que lo movieron de lugar. En el traslado a Margarita iba en un autobús con 37 presos esposados de manos y pies a un tubo del vehículo por más de 4 horas en Ferry.
Silvia Martínez relató en exclusiva para El Nacional web que al llegar a la cárcel los reclusos lo encerraban y hacían una especie de círculo para presentarse y decir por qué estaban ahí. Para todos era extraño escuchar las razones de su detención, no entendían por qué por publicar noticias estaba en ese lugar. Además de abogado y comunicador social, Jatar es profesor de inteligencia personal, por lo que sabe cómo dirigirse a los demás y logró una situación de respeto y solidaridad con los encarcelados.
“Yo pienso que gracias a Dios él no se ha sentido amenazado por los presos. Se siente amenazado y nos sentimos toda la familia amenazada es por el gobierno”, recalcó.
El caso
La esposa del comunicador social afirmó que lo acusaron de lavado de dinero para justificar su detención. Recuerda que en un país democrático informar no es un delito, es un derecho del ciudadano estar informado.
“El gobierno fabricó un caso, como lo hicieron con los otros presos políticos. Le sembraron unos billetes en un caso policial en el que sólo hay dos testigos, que después en el proceso de investigación la Fiscalía nunca pudo ubicar para hacerle el interrogatorio. Es un caso en el que no se demostró de dónde provenía el dinero, y el gobierno debía demostrar que supuestamente venía de un delito. Nunca se demostró su culpabilidad”, argumentó.
Sostuvo que el caso de su esposo no tiene que ver con un tema jurídico, porque si se toma en cuenta lo que hay en el expediente, él estaría en su casa. “Si la juez hiciera lo correcto, apegada a las leyes, él estaría en libertad, pero hay una condición política que lo tiene en el Internado Judicial de Cumaná”.
Acceso en la cárcel
Cuando entró en el régimen penitenciario que empezó en la 16 de Julio de Guárico, Jatar tenía que pasar 30 días aislado e incomunicado. No podía ver ni llamar a la familia. Como lo trasladaron a otra cárcel antes de que se cumpliera esta fase, el período comenzó otra vez desde cero.
El 4 de noviembre, 56 días después de su detención, su esposa y su hija pudieron verlo, porque en estos centros no les permiten el acceso a sus hijos varones ni a ningún familiar de sexo masculino. “La intención de este aislamiento fue quebrarlo anímicamente, a él y a la familia”. Además, no permiten que se les lleve libros, ni papel para escribir.
Lo pudo ver solo una vez más el pasado 17 de noviembre. “Lo primero que me dijo fue que teníamos que ser fuertes. Sabemos que tenemos un enemigo grande pero esta lucha vale la pena por nuestros hijos, por los venezolanos, por el futuro del país. Debe recobrarse la Venezuela de los principios, de los valores. Eso es lo que él me dice siempre que nos vemos”, acotó.
Acosados por el Sebin
Silvia Martínez detalló que su familia ha sido acosada desde 2014, cuando empezó a difundirse en el portal Reporte Confidencial las protestas estudiantiles de ese año. “Fuimos allanados en mi hogar y en las oficinas del periódico. Se llevaron 11 equipos de computación, con esto pretendían callar al medio, pero no lo lograron. Desde ese momento hemos sido observados. La detención de mi esposo la hizo el Sebin en una vía pública y esa misma noche allanaron mi casa sin una orden judicial”.
Aseveró que ahora cuando hacen los pancartazos, pasan funcionarios del Sebin en vehículos sin placa, con vidrios oscuros y equipos de grabación.
“Este es un Estado que dedica su tiempo y su presupuesto a vigilar y a atemorizar a las personas que piensan diferente en vez de atacar al hampa, que nos ataca a todos los venezolanos”, manifestó.
Indicó que en Nueva Esparta reconocen a Braulio Jatar como una persona que siempre tiene la disposición de ayudar.
“Él es dueño del portal informativo más importante en Nueva Esparta, tiene más de 400.000 seguidores. Los vecinos se sienten acompañados por él, en sus denuncias, en su día a día. Braulio siempre los ha acompañado y cuando hacemos estos pancartazos, a los que cada vez se suman más personas, lo que recibimos son mensajes de apoyo, cadenas de oración, personas que lloran al ver las fotos que evidencian el deterioro de su estado físico”, dijo.
La solicitud
Silvia Martínez ratificó que por ahora están enfocados en lograr la libertad de Braulio Jatar. De no ser posible, porque consideran que la juez no tiene la intención de apegarse al Estado de Derecho, solicitan que al menos se pronuncie en relación con las medidas humanitarias que solicitan para mejorar la condición de salud del periodista.
“La salud de mi esposo es una bomba de tiempo en manos del gobierno y mi esposo es el perfecto candidato para sufrir, Dios no lo quiera, un ataque cardiaco o un ACV. Las decisiones tienen que tomarse antes de que esto ocurra y por esto nosotros pedimos celeridad, pedimos que la juez se pronuncie en relación con su salud, solicitud que hemos hecho desde el 7 de noviembre”, sostuvo.
Martínez, que pide el apoyo de los ciudadanos, recordó que el día que detuvieron a su esposo, él le dijo: “Estas esposas no se las colocan a Braulio Jatar, se las colocan a la democracia y a libertad de expresión de todos los venezolanos”.
El pasado 29 de noviembre, el coordinador juvenil regional de Nueva Esparta, Rafael Rico, acompañó a Martínez en las reuniones que tuvo en Caracas con el fin de determinar una agenda de acción para lograr la liberación del periodista.
“Ya tenemos una agenda más o menos visualizada de acciones, pero hay que hacer presión nacional e internacional con el caso de Braulio”, sostuvo Rico.
Ramos Allup los recibió en la presidencia de la Asamblea Nacional y luego conversaron con Luis Florido y María Corina Machado. Los tres a disposición, con la misma agenda de presión mediante el gobierno de Chile, debido a que Jatar nació en ese país.
“Hay que jugar con todos los espacios para lograr la libertad de Braulio. Para que el gobierno chileno se pronuncie y haga la solicitud”, agregó.