“Quienes ocuparon la tierra no han logrado producir ninguna siembra exitosa. En febrero cultivaron caraotas cuyo costo ascendió a 968 bolívares por kilo. Eso es una vergüenza, lo que gastaron en nómina para producir lo poco que lograron cultivar”, expresó el productor Oscar Martínez.
Esta es la información que nos ofrece “El nacional“.
En San José del Tiznado, estado Guárico, el proceso de expropiación comenzó en diciembre del año pasado sobre nueve predios. A los productores los sacaron casi a la fuerza de las tierras que durante 30 trabajaron en el cultivo de maíz y la cría de ganado.
Hasta ahora ninguno de los propietarios ha llegado a un acuerdo con el Instituto Nacional de Tierras.
Blas Pérez, dueño de las fincas Sagitario y Cañafistola, contó que hasta la semana pasada estuvieron abonando la tierra para comenzar una nueva siembra de maíz. Los productores de Guárico regresaron a sus haciendas porque el “proceso de recuperación”, comenzado en enero pasado, fue paralizado.
Sorpresivamente la comisión oficial volvió, pero esta vez con tractores para rastrear la siembra de pasto y destruir el acondicionamiento del terreno que habían hecho los productores. Los funcionarios alegaron, dijo Blas, que convertirían las fincas en una unidad de producción socialista.
Felipe Benítez, coordinador general del Observatorio del Derecho a la Propiedad, formado por un equipo de analistas de Cedice-Libertad y Liderazgo y Visión, organismos no gubernamentales, explicó que basados en las cifras aportadas por la Federación Nacional de Ganaderos y en sus propias investigaciones, las actuaciones del Estado contra la propiedad privada han afectado principalmente las zonas agropecuarias.
“Entre 2005 y 2009, 550 fincas fueron expropiadas, lo cual representa más de 72% del total de 762 expropiaciones que incluye las registradas en áreas urbanas- llevadas a cabo en el país y en todos los sectores en ese mismo período”.
La causa más recurrente argumentada por el INTI, sostuvo Benítez, es el desconocimiento de la cadena titulativa, situación que se presenta en 40% de los casos que lleva el Observatorio.
El presidente de Fedenaga, Manuel Cipriano Heredia, afirmó que los productores, cuyos predios son intervenidos con miras a una expropiación, enfrentan varios escollos cuando intentan demostrar la cadena titulativa: “La Ley de Tierras Baldías y Ejidos de 1936 está vigente, y concede validez a todos los documentos protocolizados antes de abril de 1848, pero agrega que si el propietario no tiene esos documentos y demuestra la posesión ininterrumpida, el Estado debe dar prioridad al trabajo por encima de la posesión.”
El productor Blas Pérez lo ratifica: en Aragua y Guárico, a pesar de que a los propietarios les dieron un tiempo para que presentaran la titularidad de las tierras, la comisión no respetó el acuerdo y metió las maquinarias en los terrenos.
“Hemos continuado con los procedimientos legales para defendernos cuando en este país exista el Estado de Derecho. Mis documentos de propiedad datan desde 1838, 12 años antes de que se declarara la Ley de Registros en 1848, fecha que exigen las autoridades para reconocer la pertenencia de las tierras”, afirmó Oscar Martínez, dueño de la Hacienda San José, uno de los predios intervenidos en el valle del Turbio, estado Lara.
Sólo la maquinaria. Felipe Benítez expresó que pese a no existir una base de datos oficial y detallada sobre el estatus productivo de las tierras expropiadas, han constatado en muchos casos que cuando el Gobierno dice que de 2 millones de hectáreas rescatadas de manos privadas 80% se encuentra en proceso de producción, “se trata en realidad de fincas donde el INTI mete máquinas de rastra para mantener el suelo removido pero sin sembrar nada”.
Igualmente aseguró el coordinador del Observatorio del Derecho de Propiedadcifras emitidas por el propio Ejecutivo indican que ni siquiera 10% de esos 2 millones de hectáreas rescatadas han sido entregadas a los fundos zamoranos.
En los valles de Aragua, los productores desde hace siete meses desconocen el estado de sus tierras, se mudaron de la zona y el INTI controla sus fincas. Orencio Marantes, propietario de la Agropecuaria El Chorro, señaló que sus amigos le han dicho que en su hacienda están sembrado maíz, cuando era productora de semillas certificadas de sorgo, maíz y caraotas. Advirtió que 240 personas que trabajaban fijas en las haciendas y los 49.000 jornaleros que laboran en los ciclos de cultivos de semillas de maíz, caraotas y sorgo, se quedaron sin empleo.
Entre abril y mayo del año pasado, en plena zafra de la caña, el INTI intervino 30 haciendas ubicadas en el valle del Turbio, estado Lara, que fueron declaradas como ociosas. En su momento, la Sociedad de Cañicultores de la entidad rechazó la medida, porque de las 2.400 hectáreas de superficie que ocupan estas haciendas, 1.900 se dedicaban al cultivo de caña de azúcar.
“Quienes ocuparon la tierra no han logrado producir ninguna siembra exitosa. En febrero cultivaron caraotas cuyo costo ascendió a 968 bolívares por kilo. Eso es una vergüenza, lo que gastaron en nómina para producir lo poco que lograron cultivar”, expresó el productor Oscar Martínez.
Reforma de la ley complica demostrar la titularidad. La propuesta de reforma de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, que discute la Asamblea Nacional, establece que los productores deben demostrar la cadena titulativa desde el desprendimiento válidamente otorgado por la nación venezolana, es decir, cuando el Estado la vendió o la transfirió al particular.
El presidente de Fedenaga, Manuel Cipriano Heredia, señaló que en muchos casos el productor se ve imposibilitado de demostrar la titularidad en esos términos, porque en Venezuela la tierra tiene varios orígenes: una es la Real Cédula -el rey de España dio a criollos y peninsulares la posesión de terrenos durante la Colonia- pero el Instituto Nacional de Tierras no reconoce estos títulos cómo válidos porque no fueron emitidos por la República; otro origen son los haberes militares -recompensa del Estado a los soldados que lucharon en la Independencia- pero una finca de esa naturaleza otorgada, por ejemplo, en 1836 podría tener hasta 1848 varios documentos registrados.
Por: Maru Morales / Laudelyn Sequera / Marlenis Castellanos
“El Nacional”