En 10 años ha habido 16 mil asesinatos y mil 800 desapariciones en la frontera colombo-venezolana.

      El informe de la fundación colombiana Progresar alertó sobre el aumento de violaciones de los derechos humanos en los últimos diez años.

Wilfredo Cañizares, director de esta ONG que atiende a las víctimas del conflicto en el Norte de Santander, Colombia, aseguró que, lejos de disminuir, los casos de desaparición forzada y homicidio en la frontera entre ambos países han crecido.

A su juicio, el enfrentamiento político entre los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez y de Colombia, Álvaro Uribe, “ha creado un manto de oscuridad para tapar y ocultar la realidad de la frontera”.

Durante seis meses de investigaciones en las regiones fronterizas de Norte de Santander y el estado Táchira (Venezuela), esta entidad determinó que en la última década se registraron cerca de 1.800 denuncias de desaparición en el departamento colombiano.

“De éstas, hemos podido determinar que en cerca de 200 casos hay certeza de que los cuerpos fueron arrojados al lado venezolano”, una práctica habitual que provoca que estas desapariciones no computen en las cifras oficiales ni sean cubiertas por los medios, aseguró.

Igualmente, unas 16.000 personas fueron asesinadas a ambos lados de la frontera, un 70 por ciento de las cuales en Norte de Santander, con un “preocupante” aumento en los últimos años.

Mientras en el Táchira se pasó de 45 homicidios en 1998 a cerca de medio millar anual en los últimos tres años, en Norte de Santander superaron las 800 personas el año pasado, especialmente en Cúcuta, donde murieron 1.200 personas en los últimos dos años, un 85 por ciento a manos de sicarios.

Cañizares detalló que la desmovilización del bloque Catatumbo de las Autodefensas, en el 2004, permitió una disminución de la violencia rural, que sin embargo se trasladó a los centros urbanos, especialmente en Cúcuta, que sufrió una importante concentración de guerrilla, paramilitares y grupos narcotraficantes.

“No hemos encontrado respuesta ni de Bogotá ni de Caracas a este fenómeno”, explicó Cañizares, que criticó que la única medida de ambos ejecutivos haya sido una militarización de la zona que no ha evitado el fortalecimiento progresivo de los grupos ilegales.

“Los habitantes de la frontera no hemos podido recuperar la tranquilidad después de la desmovilización paramilitar. Al contrario, hoy se dan unas dinámicas mucho más complejas de descifrar, que son un riesgo para la vida de las personas de la frontera”, precisó el director de Progresar.

El Tiempo (Colombia)