“Estas cosas hay que denunciarlas con fuerza: es un atentado, una masacre a los derechos humanos, es la mayor muestra de la supremacía del capital sobre los seres humanos. ¿Cómo puede haber estas leyes?”, señaló Correa en su informe semanal de labores.
El mandatario indicó que “en todas partes del mundo, cuando por motivos de fuerza mayor no se puede pagar un crédito, se entrega la garantía y se extingue la deuda“.
Pero en España, agregó, los bancos fijan el precio de las casas para conceder los préstamos y luego, ante el impago de las cuotas, reciben los inmuebles por menor precio y la diferencia queda como deuda.
“Todo el riesgo sobre los seres humanos y nada sobre el capital, y esa gente que con tanta ilusión se endeudó para tener una casa, se quedó sin casa y con una deuda de 100.000 o 150.000 euros. Le arruinaron la vida”, lamentó.
“Esto es intolerable, y con todo el respeto a la institucionalidad, a la soberanía española, iremos a todas las instancias que sean necesarias para denunciar, este sí, atentado a los derechos humanos”, subrayó el gobernante socialista.
Correa dijo haber tratado esta cuestión con el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, durante una reunión el pasado 17 de marzo en Madrid, y sostuvo que su gobierno seguirá prestando asesoría legal a los deudores.
Según la Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España (Conadee), unos 15.000 inmigrantes ecuatorianos están afectados por el problema de las hipotecas que ya causó en España el desalojo de unas 300.000 familias.
A principios de 2011, aproximadamente 360.710 ecuatorianos vivían en España, según cifras oficiales. A estos se suman entre 140.000 y 150.000 que obtuvieron la nacionalidad española y un 1% de indocumentados, constituyendo la principal comunidad latinoamericana en este país, de acuerdo con el gobierno de Quito.