Señala el texto que la presidenta del Indepabis, Aura Rosa Hernández, decretó una medida de ocupación temporal e intervención administrativa de dicha planta, basándose en una inspección practicada apenas dos días antes, en la que ese organismo habría constatado un «incumplimiento de la capacidad productiva» y la no distribución en forma efectiva y regular de las cabillas.
«De acuerdo con asesores legales de la empresa», advierte Sidetur, «la medida decretada parte de un supuesto de hecho falso, pues los reportes de producción, el movimiento de inventario y los despachos de distribución de la empresa evidencian que esta se encuentra plenamente operativa. El Indepabis optó por desconocer estos datos objetivos que le fueron suministrados por la empresa durante la inspección».
Según los reportes de la empresa, «en la planta de Antímano se produjeron, sólo entre enero y agosto de este año, 150.000 TM en cabilla, lo cual representa una significativa contribución para la cantidad de cabilla utilizada en las obras públicas de infraestructura, y en la construcción de viviendas en el país, un mercado donde intervienen empresas privadas y públicas de gran calidad como Gerdau Sizuca (subsidiaria de la brasileña Gerdau), el Centro Socialista de Producción de Cabillas, Ceproca (perteneciente al Estado) y Sidor, de mayor capacidad y también estatal».
Temores
Ayer, un grupo de trabajadores, protestó la expropiación. Claudia Tepedino, coordinadora de Impuestos y con 21 años en la corporación, señaló que si el argumento del Gobierno es reordenar o redimensionar el sector siderúrgico en un Plan Nacional o una Corporación, «con repotenciar a Sidor lo hubiese logrado. Han tenido tiempo de crear una nueva siderúrgica (con aceros especiales) y de crear una Ciudad del Acero y sin embargo no lo han hecho. En los dos años de nacionalización de Sidor no vemos un emporio industrial en acería y en prerreducidos de hierro, sino indicadores deficientes».
Olga Carrillo, encargada de las Relaciones con la Comunidad y con 16 años de servicio, indicó que «todo empezó con una huelga en Casima (Puerto Ordaz) donde el sindicato bolivariano, paró la empresa aduciendo razones ambientales y de seguridad. A pesar de lograrse un acuerdo por reanudar operaciones, el sindicato no empezó a trabajar, por eso creo que todo esto estaba orquestado».