‘El Gobierno está obligando a los ganaderos y agricultores a renunciar a sus propiedades’

  El presidente de Fedenaga, Manuel Cipriano Heredia denunció que, “el INTI obliga a los ganaderos y agricultores a renunciar a su condición de propietarios en lugar de certificar que son legítimos dueños de las tierras para acceder a créditos en la banca, hipotecar o realizar alguna transacción económica para financiar la producción”.

Esta es la información que ofrece El Nacional:

El Instituto Nacional de Tierras desconoce la propiedad privada de los productores agropecuarios y agrícolas, y sólo les otorga certificados de ocupación y permanencia en las fincas.

El presidente de Fedenaga, Manuel Cipriano Heredia, explicó que en lugar de certificar que son legítimos dueños de las tierras para acceder a créditos en la banca, hipotecar o realizar alguna transacción económica para financiar la producción, el INTI obliga a los ganaderos y agricultores a renunciar a su condición de propietarios.

“Sólo les entregan constancias de permanencia o de ocupación de las tierras cuando se trata de productores que tienen más de 40 años con sus fincas y todos los documentos legales. Tampoco les reconocen la titularidad”, dijo Heredia, quien indicó que se mantienen alertas por la intención del Gobierno de tomar más de 250 fincas en la región del sur del Lago de Maracaibo, que abarca parte de Táchira, Mérida y Zulia.

También se indica que en 2011 el plan del Gobierno es intervenir más de 450.000 propiedades rurales.

“Estamos en una situación de indefensión. No se respeta la Constitución que garantiza el uso, goce y disfrute de la propiedad. A los productores se les niega ese derecho de disponer libremente de sus tierras. No se puede realizar ningún tramite notariado si antes no se cuenta con la autorización del INTI”, dijo Heredia.

Inseguridad jurídica. Los productores de Táchira en un documento enviado a la oficina regional del Instituto Nacional de Tierras, presidida por Maria Eugenia Zittella, solicitan que se aclaren las medidas que pretende acometer este organismo contra fincas privadas en esa región.

El documento firmado por Gonzalo Vargas, presidente de la Asociación de Ganaderos del Norte del Táchira; Edgar Contreras, presidente de la Asociación de Ganaderos de Panamericano; y Pedro Linares, presidente de Asociación de Ganaderos de La Tendida, alerta que se limita los productores solicitar créditos y disponer libremente de sus fincas.

Indican que hay una lista de 200 fincas con información confidencial que sólo maneja el INTI y se teme que sean despojados de sus propiedades.

Denuncian igualmente que les niegan el derecho a la propiedad. Explican que acuden al INTI para solicitar la carta de productores agropecuarios y allí se les califica como ocupantes de las tierras y no como legítimos propietarios.

“Los productores que son dueños de las tierras rechazan la adjudicación como ocupantes en vista de que no podrán gravar ni enajenar, perdiéndose la posibilidad de acudir a las entidades financieras. También se pierde el derecho a la herencia”, expresó Vargas.

Explicó que al recibir estos documentos, en los que aparecen como ocupantes, muchos bancos y entidades dudan en darles créditos, por lo que están en una situación de inseguridad jurídica.

Además, indican que están atados de manos porque no pueden realizar ningún procedimiento sin la autorización del INTI. “Esto paraliza la actividad agropecuaria y agrícola porque no se permite agilizar los trámites para hipotecar la tierra y obtener créditos”, dijo Vargas.

Los ganaderos sostienen que los registros y notarias ya tienen ordenes de prohibir la protocolización y venta de tierras sin previa autorización del INTI. “Esto detiene y atrasa la vida económica de la zona agrícola y causa angustia e intranquilidad a los productores y a los trabajadores del campo”, expresa el documento entregado por los ganaderos al organismo agrario.

Indican que se niega el derecho a los productores de que en una situación de emergencia puedan vender sus propiedades y animales.

El gremio ganadero considera que la decisión de fijar próximamente promedios de ocupación y rendimiento idóneo para el uso de las tierras debe ser de forma concertada y no arbitraria, o se corre el riesgo de atentar contra la continuidad de la producción. “El Estado está en deuda con el productor del campo y lejos de atropellarlo está en el deber de estimularlo”, indica el informe.

Recuerdan además que la Constitución protege la propiedad privada y la libre competencia y rechazan cualquier medida que atente contra la producción de alimentos.