El ministro colombiano del Interior y de Justicia, Germán Vargas, dijo en Bogotá que el Ejecutivo «deberá tomar una determinación muy pronto» si acepta que dicho convenio tiene rango de tratado, como lo consideró el alto tribunal.
Por seis votos contra tres, la Corte Constitucional dejó anoche sin efecto el «Acuerdo complementario para la cooperación y asistencia técnica en defensa y seguridad entre los Gobiernos de Colombia y los Estados Unidos de América», firmado el pasado 30 de octubre en Bogotá.
La iniciativa abría las puertas de al menos siete bases de Colombia a tropas y contratistas militares del país norteamericano, lo que desató una ola de rechazo en varias naciones de la región, como Venezuela, Ecuador, Nicaragua o Bolivia.
«La Corte constató que no se está ante un acuerdo simplificado, sino frente a un instrumento que involucra nuevas obligaciones para el Estado colombiano», dijo el presidente del alto tribunal, Mauricio González, al anunciar el fallo.
González aludió a asuntos polémicos del acuerdo, como el tránsito de tropas, vehículos, naves y aeronaves del exterior por el territorio nacional, así como a la garantía de inmunidad para el mismo personal extranjero.
Por ello, puntualizó que se trataba de un tratado internacional y que, como tal, debió ser tramitado previamente en el Congreso, como proyecto de ley, y sometido después al control constitucional.
El ministro Vargas respondió hoy, en declaraciones a Caracol Radio, que en caso de aceptar la consideración de la Corte, el Ejecutivo del presidente Juan Manuel Santos decidirá «si inicia el trámite constitucional (…) o se abstiene de hacerlo».
El acuerdo fue presentado como «simplificado» o «complementario» para facilitar su adopción, aclaró, por su lado, el general en retiro Freddy Padilla de Léon, comandante de las Fuerzas Militares por la época en la que el convenio fue negociado y firmado.
El oficial explicó a La W Radio que así lo recomendaron los asesores jurídicos de la negociación, quienes advirtieron de que a EE.UU. no le interesaba, por «circunstancias de su política exterior», un convenio sujeto a gestión legislativa.
Es posible que sea discutido y aprobado por el Congreso en Bogotá, pero no tendrá validez si la contraparte no hace lo mismo, advirtió Padilla de León, cabeza del equipo negociador por Colombia.
De todo ello estuvo al tanto en su momento el ahora presidente Santos, ya que ejerció como ministro de Defensa durante varios de los años en que gobernó su antecesor y correligionario Álvaro Uribe (2002-2009).
Junto a las reticencias con las que fue acogido aquel acuerdo por una buena parte de los países latinoamericanos, también lo rechazó la oposición colombiana y grupos de defensa de los derechos humanos, encabezados por el izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA) y la Corporación Colectivo de Abogados «José Alvear Restrepo» (CCAJAR), organización no gubernamental (ONG) autora de la demanda del acuerdo ante la Corte Constitucional.
«Estamos muy satisfechos, porque la Corte acogió nuestros argumentos», matizó hoy a Efe el jurista Luis Guillermo Pérez, miembro de esta ONG y secretario ejecutivo de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).
Pérez observó que el convenio fue demandado por cuestiones de procedimiento y de fondo que se derivaron de su naturaleza de tratado internacional que compromete la soberanía nacional y no de acuerdo complementario.
Por ello debía ser aprobado por el Congreso y, también, revisado por la Corte Constitucional, agregó el letrado, para quien el Gobierno de Santos deberá tener presentes estos argumentos en una eventual nueva negociación con Estados Unidos.
Con él coincidió la presidenta del PDA, Clara López, quien pidió a Santos que «desista de los propósitos iniciales de ceder las bases a Estados Unidos».
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