Tenían su centro de lavado de dinero en la ciudad del Doral, Luis Díaz, de 74 años; y su hijo, Luis Javier Díaz, de 49 años, fueron enviados al centro de detenciones del Condado de Miami Dade, estos malandros rojos, lavaban dinero a cambio de una comisión.
Dos hombres de nacionalidad venezolana y residentes en el condado de Miami Dade, en el sur de la Florida, fueron presentados ante el juez Jonathan Goodman, en la Corte Federal del Distrito Sur de la Florida, para que les leyeran los cargos de lavado de dinero por los que fueron acusados por el gobierno norteamericano, por operar ilegalmente un negocio bancario, soportado en un esquema fraudulento que les permitió transferir al sistema financiero estadounidense más de $100 millones de dólares.
Los acusados Luis Díaz, de 74 años; y su hijo, Luis Javier Díaz, de 49 años, permanecerán detenidos en el centro correccional del condado de Dade sin derecho a fianza, tras la captura practicada el 21 de diciembre, ordenada por la oficina de la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, a cargo del fiscal Preet Bharara. Aún no se ha informado cuándo serán trasladados a Nueva York.
Los Díaz operaban un negocio sin licencia en ciudad Doral, en el que lavaban grandes cantidades de dinero a escala internacional. Son dos de los tres propietarios de la empresa Miami Equipment & Export Co., con sede en Miami, que servía a la industria de la construcción.
El Departamento de Seguridad Nacional, a través de su Oficina de Nueva York, junto con la agencia de Investigaciones de Seguridad e Inmigración, capturaron en Miami a los dos hombres luego de haberles rastreado los movimientos realizados dentro del esquema de fraude que incluyó el seguimiento de varias cuentas y firmas de empresas en Venezuela, Panamá, Islas Vírgenes Británicas y los Estados Unidos.
De acuerdo con la acusación del Gran Jurado, Los Díaz obtenían millones de dólares en beneficios, a la vez que consiguieron que empresas extranjeras enviaran dinero a los Estados Unidos, violando las leyes contra el lavado de dinero.
Desde el 2010 al 2016 usaron una compañía con sede en el Doral, Florida, no registrada, para efectuar la transferencia de entidades fuera del país, localizadas principalmente en Venezuela, a cuentas bancarias en Estados Unidos y otros lugares, a cambio de una tarifa. Empresas venezolanas transfirieron por lo menos 100 millones de dólares a la empresa familiar, que envió fondos a cuentas bancarias de todo el mundo en nombre de los empleados y asociados del consorcio venezolano, dice la acusación. También transfirieron dinero de funcionarios del gobierno venezolano, entre ellos uno que supervisó la adjudicación de ciertos contratos en los que las empresas venezolanas licitaron, asegura la acusación.
En 2012, la firma recibió 4,36 millones de dólares del consorcio venezolano, de los cuales US $ 1,45 millones fueron destinados a una empresa portuguesa controlada por un venezolano con vínculos con el gobierno venezolano.
El pago, según un correo electrónico de un ejecutivo venezolano, fue descrito en una factura como “pago parcial de asesoría en compras, pruebas, pre-emisión y puesta en marcha”, dice la querella.