Tanto los ilegales cómo aquellos que habiendo pedido algún tipo de beneficio a inmigración y el resultado les sería desfavorable por no poderse comprobar su veracidad serán apresados y deportados.
Las autoridades de inmigración de Estados Unidos se aprestan a iniciar en el fin de semana una operación nacional en busca de personas que vivan sin autorización en el país, revelaron dos funcionarios del gobierno y defensores de los derechos de los migrantes. El presidente Donald Trump lo aplazó el mes pasado.
El operativo _que causa indignación y preocupación entre los defensores de los inmigrantes_ se enfocará en aquellas personas con órdenes finales de deportación, incluso familias cuyos casos han sido acelerados por los jueces en 10 ciudades grandes de Estados Unidos.
Funcionarios del gobierno dicen que el operativo sigue en pie y que es posible que comience próximamente. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato por no estar autorizados para hablar del tema. Los activistas que defienden los derechos de los migrantes están difundiendo números de emergencia para que los posibles afectados puedan llamar y capacitaciones para que conozcan sus derechos.
El operativo es similar a los que se realizan con frecuencia desde 2003 y que suelen resultar en cientos de arrestos. Aunque no suele ser común que vayan tras familias, a diferencia de inmigrantes con antecedentes criminales, tampoco carece de precedentes. Los gobiernos del presidente Barack Obama y Trump han perseguido a familias en operativos previos.
Sin embargo, este se destaca por la política que lo rodea.
Trump anunció el mes pasado en Twitter que la redada podría marcar el inicio de un esfuerzo por deportar a millones de personas que están en el pías sin autorización, algo casi imposible dados los escasos recursos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), encargado de hacer los arrestos y emitir las órdenes de deportación.
Luego lo canceló abruptamente tras una llamada con la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, mientras los legisladores trabajaban para aprobar un acuerdo de apoyo financiero para la frontera de 4.600 millones de dólares. Además, se filtraron los detalles y las autoridades se preocuparon por la seguridad de los agentes de ICE y criticaron a los supuestos delatores.