El parlamentario considera que, así como se fijó la pena máxima en la legislación venezolana (30 años de presión) para los secuestradores, es obligatorio respetar este castigo para dejar claro que no hay impunidad. “Si los secuestradores no entienden la gravedad de su práctica, esto puede continuar, y creo que este delito merece una sanción irreductible por la gravedad que reviste”, dijo.
Insistió en que los secuestros breves, como son descritos en el instrumento legal, deben sancionarse con una pena superior a la prevista en este momento (entre 15 y 20 años).
Reconoció que existe un importante trabajo adelantado por las policías del Estado, así como por los cuerpos de seguridad regionales y municipales, que debe ser respaldado por los correctivos que se aplican al momento de impartir justicia.
En consecuencia, considera viable el planteamiento de una reforma a la citada ley con la finalidad de aumentar las penas a los secuestradores en la modalidad “express” como forma de atacar este delito.