Diputado Julio Borges: “La vacuna contra la violencia es la cultura de la justicia de paz”

   El coordinador nacional de Primero Justicia y diputado a la Asamblea Nacional Julio Borges, encabezó un encuentro organizado por la Fundación de Estudios Municipales, con  jueces de paz del área metropolitana y ciudadanos, sobre la reforma de la Ley de Justicia de Paz.

“El tema de los jueces de paz, sigue siendo un reto para hacer anchas las puertas de la justicia en el país, sin duda es un elemento de transformación cultural que debemos seguir impulsando, esta coyuntura de la reforma a la Ley de Justicia de Paz, abre una oportunidad”.

“Tratemos de presentar las mejores ideas, para hacer presión en la Asamblea Nacional y que salga una muy buena Ley de Jueces de Paz. El gran cuello de botella que tuvo la implementación de los jueces de paz en su momento, fue el cómo se  concreta la justicia de paz, el principal obstáculo, fue y sigue siendo el pasar  por la alcabala de los concejos municipales”, explicó Borges.

“Al implementar la justicia de paz, en Petare, Baruta, Caracas, los estados Yaracuy, Miranda, Bolívar, Carabobo y Aragua, entre otros, se realizaron experimentos pequeños, no pudo ser masivo, no fue algo que pudiera multiplicar el cálculo de 5.000 jueces de paz para toda Venezuela”, recordó.

“El gran obstáculo fue la aprobación de las ordenanzas por parte de los concejales, incluso en municipios donde el alcalde y los concejales tenían el interés de aprobar la justicia de paz, se los comía la burocracia y el laberinto de aprobar un procedimiento para elegir a los jueces de paz”.

“Existía otro tema, el celo político de algunos concejales o miembros de juntas parroquiales, al ver como posibles rivales a los jueces de paz, a veces se cerraba el paso a esta figura comunitaria y ciudadana”.

“El hecho de que se replantee en la reforma a la Ley, un mecanismo más directo para la elección de los jueces de paz, es positivo. La pregunta inmediata, es como lo vamos a hacer bien, al pasar del laberinto de los concejales, al problema de los consejos comunales”.

“En el municipio Sucre, existen  350 consejos comunales, se deberían elegir  350  jueces de paz, pero el problema está en que esos consejos comunales sólo le han dado el sello de aprobación a menos del 10%. Los jueces de paz tienen que pasar por todo un trámite burocrático y político para poder existir”.

“Todo este proceso está teñido del elemento político, se va como dice la Ley a un proceso de adecuación del consejo comunal, y entiendo que las listas las pasan por filtros políticos, y en la medida que los miembros aparecen o no aparecen, se le da o no luz verde. Se crea de nuevo un tapón a este elemento de participación”.

Aseveró Borges que “cuando se cree en la participación, hay que buscar que sea lo más autónoma y genuina, tratando que la presencia del Estado, sea un factor que más bien ayude y no que frene lo que puede ser la persona, creemos en el principio de la subsidiariedad, es cuando la familia, la comunidad y la persona, tienen la libertad de actuar por sus propios medios, pero cuando el Estado decide, que comer, que estudiar, pasamos a ser unos súbditos”.

“Todo lo que no sea materia de orden público, puede ser resuelto por un juez de paz, al lograr la conciliación entre las partes. Es necesario el dialogo y la conciliación, dejar el enfrentamiento en el país. El clima de violencia es preocupante, la vacuna contra la violencia es la cultura de la justicia de paz”, resaltó Julio Borges.

“Esta cultura de paz, se debe implementar en escuelas, liceos, comunidades, barrios. Para tener un buen proyecto, los jueces de paz en ejercicio en este momento deben realizar sus propuestas a la reforma de esta ley. El país debe abrir el debate y la justicia de paz es el primer escalón”.

Por su parte el doctor Jesús María Casal, refirió que “es necesario hacer ajustes para adecuar la Ley de Justicia de Paz a la Constitución vigente. Se han hecho algunos esfuerzos para favorecer el acceso a la justicia, pero son pañitos calientes, tenemos una justicia lenta, tenemos problemas graves en materia de acceso a la justicia, sobre todo para los sectores populares”