La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) informó este jueves la suspensión de la audiencia del alcalde del municipio Chacao (Miranda), Ramón Muchacho, que estaba pautada para este 3 de agosto.
El presidente de la Sala Constitucional del máximo tribunal de la República, magistrado Juan José Mendoza, indicó que el apoderado judicial de Muchacho consignó un informe emitido el 1º de agosto por una profesional de la salud privada, en el que se indica problemas de salud del alcalde y un reposo médico por 10 días, desde el 2 al 12 de agosto.
En el informe médico “no se especificó si el paciente se trasladó al consultorio que aparece al pie del informe o si, por el contrario, la misma (la médico) se trasladó a la residencia del señalado como paciente”, y “en vista de que no fue consignada certificación de una institución pública de salud”, pese a que el municipio cuenta con el servicio médico del Instituto Municipal de Cooperación y Asistencia a la Salud (Imcas), se requerirá una nueva evaluación.
En ese sentido, mencionó que dicha evaluación deberá realizarla con carácter de urgencia por los profesionales del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), adscrito al Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. La misma debe hacerse en la residencia de Muchacho.
La representación judicial de Muchacho deberá emitir la dirección donde se encuentra el alcalde. El magistrado explicó que ello se debe a que el informe presentado por el apoderado se señala que Muchacho no asistió a la audiencia por la dificultad que le supone una cortada en su pie derecho.
Esta evaluación contará con la presencia de los apoderados judiciales para salvaguardar el derecho a la defensa, agregó.
Las resultas de la misma tendrán que ser presentadas ante la Sala Constitucional en las próximas 24 horas, y con ello fijar una nueva fecha para la audiencia.
Para este jueves se tenía previsto la audiencia oral y pública al alcalde del municipio Chacao, por presuntamente incumplir una sentencia judicial que le ordena garantizar el libre tránsito en la jurisdicción del estado Miranda.
La obstrucción de calles es una de los delitos perpetrados por grupos de choque que operan en el municipio, donde se han atacado en los últimos cuatro meses servicios de transporte, oficinas del Estado y espacios comerciales privados.
AVN