Aunque esta fue una oferta electoral de Maduro, y prometió promulgarla antes de ir a la contienda electoral del 14 de abril, esto no se cumplió. Dos semanas después de los comicios y con 14 artículos sancionados, el proyecto de Ley volvió a salir del Orden del Día en la sesión del pasado martes.
Diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), que prefirieron no ser identificados, indicaron que aunque la ley estipula que el precio debe ser fijado por una Comisión Mixta integrada por el Indepabis y el Seniat, en conjunto con las ensambladoras e importadoras, las trabas que se presentan están en el contexto económico del país.
La incertidumbre en la entrega de divisas, devaluaciones latentes, impiden establecer parámetros de precio de los vehículos nuevos y en consecuencia de los usados.
Esto ha detenido la posibilidad de establecer controles en otras prácticas nocivas para el mercado, como las listas de espera, o la venta de vehículos nuevos que son trasladados a lugares de autos usados y se venden a un alto costo.
Aunque los diputados de la AN han asegurado que buscan «precio justo» y no «valor de cambio», expertos señalan que mientras no exista certeza en la liquidez de divisas para las ensambladoras, así como para la importación de autopartes, esto no se logrará.
Para algunos sectores la dilación de la ley simplemente responde a falta de voluntad política por parte de Gobierno de controlar la situación. La Ley da vueltas en el Parlamento desde el año 2009 y siempre termina engavetada.
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