La aseveración la realizó el funcionario durante su participación en el programa ContraGolpe que transmite Venezolana de Televisión (VTV).
El vicepresidente refirió que la Ley a lo largo de todo su articulado establece los mecanismos para que los estados y municipios transfieran competencias a las comunidades organizadas.
Precisó que entre las atribuciones que pueden ser transferidas a la organizaciones populares destacan la administración de tierras y de empresas construidas o recuperadas por el Gobierno Nacional.
Aclaró que el término propiedad social, en el reglamento, se trata de aquellas empresas construidas o recuperadas mediante cualquier mecanismo por parte del Gobierno Nacional y enfatizó que con su establecimiento no se pretende eliminar la propiedad privada a la cual se le garantizará su permanencia mientras sea legítima.
Enfatizó que esta Ley busca el desarrollo de formas de propiedad social directas, en las cuales las comunidades sean poseedoras de bienes y medios de producción que les acceda a la autonomía económica frente factores de poder que existen en la sociedad venezolana.
“En la medida en que el pueblo se vaya apropiando de recursos, de medios, de acciones, de espacios y de territorios, más lejos estará que cualquier grupo económico o político pueda apropiarse o secuestrar el poder como lamentable sucedió en toda la historia de Venezuela”, finalizó.