La tensión diplomática se siente en la Guajira: 35 hombres y 11 mujeres deportados, más tres menores de edad repatriados, integran el último grupo de ciudadanos colombianos que fue devuelto a su país de origen por la frontera zuliana.
Llegaron a las 3.00 de la tarde en dos pequeños autobuses blancos. La ruta fue escoltada el CICPC-Subdelegación San Francisco hasta Paraguachón, los siguientes 500 metros siguieron adelante con funcionarios del Saime, hasta la puerta de las oficinas de Migración Colombia.
Las 46 personas mayores de edad habían salido desde el martes de Caracas, pero su detención fue hace más de 15 días, mucho antes del atentado en contra de tres militares y la declaración del estado de excepción en Táchira. “Ha sido un infierno lo que hemos pasado, nos robaron nuestras cosas personales, mi hijo es venezolano y ni eso lo respetaron”, dijo María Camila Zúñiga al llegar a la sede migratoria.
La joven, con su hijo en brazos, explicó cómo fue detenida en la capital del país: “A pesar de que mi hijo nació allá (Venezuela) y a mí me dieron un pasaporte provisional, eso no les importó, desde hace 20 días nos tenían encerrados en el Saime. Apenas nos daban una comida al día”.
En el mismo traslado volvió a Colombia en condición de deportada, después de siete años de permanencia en el país, Marta Sandoval. Su historia es distinta a la de María Camila, a ella la “agarraron comprando comida”, permaneció detenida un par de días en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof), hasta que las autoridades decidieron su deportación.
“Por ser colombiana y querer comprar comida me trataron como ‘bachaquera’ y me devolvieron, fue humillante. Me vine con mi esposo y mis hijos para comenzar desde cero aquí en Colombia”, relató la dama.
Las autoridades de migración del Gobierno colombiano no estaban autorizadas para ofrecer estadísticas, sin embargo, trabajadores de esa oficina aseguraron a La Verdad que, aún cuando las deportaciones son comunes en este paso fronterizo, en los últimos dos días la llegada masiva de colombianos que se encontraban ilegalmente en Venezuela sobrepasa los antecedentes.
Los primeros 41 colombianos deportados y repatriados se encuentran en un refugio de atención humanitaria instalado en la ciudad de Maicao, la primera tras cruzar la línea divisoria desde el Zulia. Funcionarios de la Defensoría del Pueblo colombiana trabajan junto con Acnur y un grupo de pastoral social para brindar atención integral a las personas, mientras son reubicadas con sus familias o en nuevos hogares.
«Un hecho aislado»
Sin mucho protocolo, ni comitivas extravagantes, el almirante Remigio Ceballos, segundo comandante y jefe del Estado Mayor Conjunto del CEOFANB, y el mayor general Juan de Jesús García Toussaint, comandante general del Ejército, visitaron en medio de la tensión diplomática el punto de control de la Guardia Nacional Bolivariana, ubicado en Paraguachón.
Los altos mandos militares se bajaron de un helicóptero de la FANB y caminaron hasta la zona conocida como La Raya, donde se mezclan a diario sin mayores inconvenientes, venezolanos y colombianos. “Vinimos a hacerles una visita institucional”, dijo Ceballos al coronel del Ejército colombiano.
El almirante aclaró que se trata de una jornada de “verificación de todo el tema de la lucha contra el contrabando”, al tiempo que García Toussaint enfatizó la necesidad de establecer “más y más controles” para erradicar la fuga de alimentos y combustible.
El alto mando militar resaltó que “se trata de un hecho aislado” las deportaciones que se efectúan en la zona limítrofe entre la región zuliana y el departamento de La Guajira (Colombia). “No se compara la situación en Táchira y Zulia”.
La breve conversación con los medios de comunicación culminó con las palabras del segundo comandante del CEOFANB: “La Fuerza Armada Nacional Bolivariana busca la paz, que haya orden, que todos cumplamos las leyes, por eso necesitamos la cooperación sobre todo en estos espacios, esta integración que exige el cumplimiento de ciertos deberes”.
¿No cumplen protocolos?
Pese a que los representantes de la FANB “garantizan” el respeto de todos los ciudadanos deportados en la frontera, La Verdad pudo conocer que hasta la fecha, la Defensoría del Pueblo de Colombia contabiliza 200 presuntos casos de maltrato y violación de derechos consagrados en tratados internacionales.
Sobre el casi centenar de ciudadanos que regresó a tierras neogranadinas por la Guajira, destaca la historia de una mujer de 50 años que -denuncia- pasó más de un mes con las comunicaciones restringidas y detenida en precarias condiciones, mientras se concretaba el trámite para regresarla a Colombia. “La mujer llegó muy mal de salud, débil y con problemas graves en el estómago”, reportó una funcionaria de la Defensoría que pidió no ser identificada.