A la vuelta de un año del mayor triunfo electoral de la oposición el balance de expectativas y resultados se hace difuso.
La conquista de la Asamblea Nacional se ha convertido en un laberinto por el cerco político, judicial y financiero que ha puesto el gobierno, que llevó incluso a quitarle la joya de la corona: la mayoría calificada, un asunto que se debate en la Mesa de Diálogo que debería ofrecer resultados el próximo 6 de diciembre, el otro 6-D.
Analistas consideran que la gestión del Poder Legislativo ha ganado aprobación entre los ciudadanos, pero consideran que los parlamentarios no han sabido comunicar el impacto que ha tenido el bloqueo impuesto por el Ejecutivo.
Si 2016 fue complejo, las proyecciones para 2017 no son mejores: continuación del cerco gubernamental contra el Parlamento, inflación fuera de control y elecciones regionales y municipales, con primarias opositoras incluidas y las aspiraciones de más de un diputado
Dentro de dos días se cumple un año de la segunda victoria electoral más importante de la oposición desde 1999. La primera fue el 2D-2007 cuando la propuesta de reforma constitucional impulsada por Hugo Chávez fue derrotada. La alianza tuvo que esperar 8 años para volver a celebrar un triunfo nacional y el 6 de diciembre de 2015 doblegó a los candidatos del presidente Nicolás Maduro a la Asamblea Nacional. Ese día, la Mesa de la Unidad ganó el voto nacional con casi 8 millones de sufragios; ganó la mayoría calificada dentro del Parlamento con 112 diputados; y barrió la votación en 19 de 24 estados.
¿La promesa de los ganadores? Cambio. Cambio para lograr la libertad de más de 100 presos políticos, para recuperar la democracia, para sanear la economía y para volver a tener calidad de vida. ¿La agenda? Diversa y encabezada por la Ley de Amnistía y Reconciliación. Pero a lo largo del año también presentaron y debatieron normas para atender la crisis socioeconómica: leyes sobre la propiedad de los beneficiarios de Misión Vivienda, los cestaticket para los pensionados y jubilados, la indemnización de usuarios del servicio eléctrico, la protección del salario y una reforma de la Ley de Cajas de Ahorro. Para propiciar el cambio político de gobierno se habló de enmienda constitucional, reforma de la Ley del TSJ y Ley de Referendos. Para acabar con la opacidad del Estado: la Ley de Acceso a la Información Pública, la reforma de la Ley de Contraloría, la reforma de la Ley contra la Corrupción, reforma de la Ley de Administración Financiera del Sector Público, Ley para el Control de Ayudas Económicas Internacionales, Ley de Salvaguarda del Patrimonio Público. Para sanear la economía: la reforma de la Ley del BCV, la Ley de Producción Nacional, Ley de Hacienda Pública Estadal y una propuesta de programa económico para superar la crisis. Para restituir la libertad de expresión: reforma de la Ley Resorte, reforma de la Ley de Telecomunicaciones, Ley Anticadenas, reforma de la Ley de Partidos Políticos.
Todas esas normas y una veintena más han pasado por la Asamblea Nacional este año. Entre enero y noviembre, entre cortes de luz, zancadillas judiciales y otro altercados como el asalto al Palacio Federal de seguidores del PSUV el pasado 23 de octubre, el Parlamento sesionó 92 veces, sancionó 14 leyes, aprobó 104 acuerdos de corte político, social, cultural o económico, se declaró la responsabilidad política en posibles hechos de corrupción de 7 altos funcionarios activos (entre ellos tres ministros uno de los cuales recibió un voto de censura) y dio derecho de palabra a 39 ciudadanos representantes de diversos sectores de la sociedad (víctimas de las políticas de represión o discriminación del Estado, académicos, estudiantes, sindicalistas, empleados despedidos, entre otros).
En su último año la Legislatura anterior, que presidió Diosdado Cabello, sesionó 45 veces de enero a noviembre, sancionó 2 leyes, aprobó 60 acuerdos, no emitió ninguna declaratoria de responsabilidad política a pesar de que la oposición presentó diversas denuncias de corrupción y violación de derechos humanos (caso Andorra, contaminación por coque en Anzoátegui, toma de San Vicente en Aragua, acumulación de productos en los puertos, ultraje de 11 mujeres en Nueva Esparta por protestar, entre otros) y ningún ciudadano tuvo derecho de palabra en plenaria.
¿Y por qué no se ha resuelto la crisis ni ha cambiado el gobierno? Solo una de las leyes sancionadas ha sido promulgada por el Ejecutivo (la que regula el uso de celulares en las cárceles), ninguno de los exhortos a la Contraloría y la Fiscalía para investigar a altos funcionarios ha tenido respuesta, ninguno de los acuerdos y propuestas dirigidas a los poderes Ejecutivo, Judicial, Electoral y Ciudadano para resolver la crisis institucional y económica han sido reconocidos por el gobierno, y 35 sentencias del TSJ han minado sus atribuciones constitucionales y arrebatado su mayoría calificada.
Alta aprobación
Los analistas políticos Luis Vicente León y Félix Seijas (hijo) consideran que en términos absolutos, el balance entre expectativas y resultados que se generó en la madrugada del 7 de diciembre, tras el anuncio de los resultados por parte del CNE, es positivo. Al fin de cuentas, el Parlamento legisló y discutió sobre aquello que prometió.
Pero en términos de efectividad del mensaje, la nueva mayoría del Parlamento no ha logrado cargarle al Ejecutivo el costo político de haber entorpecido una gestión que apuntaba hacia el beneficio de varios sectores.
“Usualmente la oposición sobredimensiona las expectativas de sus seguidores y muchas veces eso ha terminado en frustración. Nunca se imaginó la MUD, hace un año cuando ganó, que el gobierno podía llegar a tal nivel de bloqueo institucional. Pero por otro lado, en el discurso de la oposición hay una especie de corto circuito: dicen que el gobierno es un violador de derechos y al mismo tiempo esperan que cuando tienen el acceso a la institucionalidad el gobierno los dejará ejercer sus derechos. Es una inconsistencia”, afirma León.
Pese a ello, la valoración de la Asamblea Nacional se mantuvo todo el año por encima de 45%, de acuerdo con la más reciente medición de Datanálisis correspondiente a octubre. Su peor momento fue julio, cuando alcanzó el 48,8% de valoración positiva. Ese mes comenzaron los despidos y persecución de organismos del Estado contra los firmantes de la solicitud de referendo revocatorio, se dio la incorporación de los diputados de Amazonas por segunda vez, y los expresidentes Zapatero y Torrijos se reunieron con los diputados de la MUD en Caracas. El mejor momento de la AN fue precisamente en octubre, cuando Datanalisis registró una valoración positiva de 61,4%.
Tal apreciación responde a que la gente reconoce el peso simbólico de controlar el Parlamento, afirma Luis Vicente León: “La AN tiene dos grandes temas a su favor. Por una parte, cumplir sus deberes y ejercer sus derechos constitucionales y la gente comprende que ahí el Ejecutivo tiene un bloqueo evidente a la institucionalidad. Y por la otra, ser el símbolo de ese cambio por el que votó la mayoría, ser la única institución en manos de la oposición que es la que al final del día juega el juego político. Más allá de que el gobierno la respete o no, es el foro político y simbólico y lo que ahí se discute sí tiene un impacto”.
El talón de Aquiles
En opinión de Seijas, el manejo comunicacional a lo largo de este año ha sido la debilidad de la AN. Considera que en 2015 la MUD se anotó un 20 en comunicación porque supo posicionarse como la alternativa de cambio y el resultado se vio el 6-D. Pero luego de tomar el poder no lograron mostrarle a la gente la gravedad del accionar de un gobierno que le quitó sus competencias y anuló las leyes que iban en beneficio de la colectividad.
“La oposición intenta obtener victorias tempranas con una serie de leyes en beneficio de la gente que fueron bloqueadas por el gobierno. Ese grave hecho se invisibilizó porque el referendo lo copó todo. Una de las fallas de comunicación de la oposición es no haber instalado en la opinión pública que la AN sí estaba trabajando, que se aprobaron leyes que iban a ser paliativos ante los problemas que se estaban viviendo y que el gobierno los trancó todos. Eso no se dijo con la fuerza necesaria”, indica Seijas.
Eso benefició al gobierno. “En la medida en que la gente no se entera de que había una ley y que el gobierno la bloqueó, lo que significaba esa ley y lo que implica que se haya bloqueado, el gobierno no paga el costo de haber hecho eso. Por eso lo continúa haciendo. La oposición desde la AN no ha sabido traducir el daño que significa para la gente que el gobierno la tenga bloqueada por todos los flancos”, advierte.
Los números de Delphos coinciden con los de Datanálisis en cuanto a la aceptación o valoración positiva de la Asamblea Nacional como institución a un año de su elección. De acuerdo con los datos de esta firma, la AN se ha mantenido todo el año entre 50% y 65% de aprobación. “Es increíblemente alto e histórico en Venezuela y en el mundo. Normalmente, los parlamentos bajan su aprobación muy rápido una vez que son electos. Aquí se ha mantenido bastante alto y es porque se asocia al trabajo de la unidad por el cambio como un todo”, explica Seijas.
¿Por qué Amazonas?
El estado Amazonas y los pueblos indígenas del sur han pasado 7 de los 11 meses transcurridos del año, sin representación. Nirma Guarulla, Julio Ygarza y Romel Guzamana se han incorporado y desincorporado dos veces de la plenaria, al ritmo de las tensiones políticas e institucionales. El 6 de enero se juramentaron y el 11 de enero el TSJ declaró el desacato del Parlamento. Para evitar un choque de poderes recién instalado el nuevo Parlamento y garantizar que Nicolás Maduro presentara su memoria y cuenta ante la AN, los tres parlamentarios se desincorporaron el 13 de enero. Seis meses y medio esperaron por una decisión de la Sala Electoral que determinara la inexistencia del fraude denunciado por el PSUV o la repetición de las elecciones. Ante el silencio administrativo, el 28 de julio volvieron a solicitar su incorporación y el 01 de agosto la Sala, en vez de resolver el caso, volvió a declarar el desacato de la AN.
Con la instalación de la Mesa de Diálogo el pasado 30 de octubre, el caso Amazonas tomó protagonismo. Las partes acordaron la desincorporación de los diputados –que se concretó el 15 de noviembre- con la promesa del gobierno de que se produciría una sentencia definitiva que permitiera repetir las elecciones en la entidad, aseguran fuentes. Al cierre de esta edición esa sentencia no se ha producido –tampoco la liberación de presos políticos– , lo que llevó a la oposición a poner en duda su participación en la reunión del 6 de diciembre.
¿Pero por qué Amazonas? La Constitución diferencia dos tipos de mayoría calificada. Una se conforma con dos tercios de los diputados que integran la Asamblea Nacional (112 de 167) y sirve para llevar a referendo consultivo un proyecto de ley determinado o un tratado internacional que pueda comprometer la soberanía; crear o suprimir comisiones permanentes de la AN; remover a los magistrados del TSJ previa calificación del Poder Ciudadano; escoger al Contralor, Defensor y Fiscal General; designar a los rectores del CNE; aprobar una reforma constitucional; y convocar una Asamblea Nacional Constituyente. A estas dos últimas posibilidades le teme profundamente el gobierno.
La otra mayoría calificada según la carta magna es la que se conforma con dos tercios de los diputados presentes al momento de una sesión. Esa mayoría sirve para acordar la separación temporal de un diputado y admitir los proyectos de ley orgánica o reformar leyes orgánicas.
Es por ello que en diciembre de 2015, una vez conocida la abrumadora pérdida de todas las mayorías en la cámara, el oficialismo hizo dos jugadas estratégicas que hicieran imposible a la nueva AN reconstruir las instituciones. Una fue la designación de 34 magistrados del TSJ asegurándose el control de todas las Salas por 7 años más. La otra ocurrió el 30 de diciembre –durante el receso judicial– con la impugnación de los resultados en Amazonas, la representación Indígena del Sur, y varios circuitos de Yaracuy y Aragua. Todos los recursos fueron admitidos por el TSJ, pero solo en los casos de Amazonas y de la representación indígena se ordenó suspender la proclamación, quitándole a la oposición tres diputados que completan los dos tercios.
Maru Morales|El Nacional