La Defensoría del Pueblo recibió este jueves un documento entregado por el Frente de Estudiantes contra la privatización de la Universidad Central de Venezuela (UCV), quienes expusieron una serie de planteamientos en cuanto a las políticas ejecutadas por las autoridades de esa máxima casa de estudios.
Morella Rojas, integrante del Frente de Estudiantes, informó que la visita es para hacer «un llamado a la Defensoría del Pueblo en cuanto a las ilegalidades en que incurren en esa casa de estudios en lo relacionado con la presentación de las pruebas internas de admisión», entre las cuales se cuentan el cobro para presentar las mismas, violando flagrantemente los Artículos 102 y 103 de nuestra Constitución que consagra la gratuidad de la educación hasta el pregrado universitario.
Igualmente, Morela Rojas denunció las «políticas de ingreso claramente excluyentes» e, igualmente, señaló que desde1970 no ha habido un aumento en la matrícula estudiantil y la misma ha sufrido, por el contrario, una disminución; “por ello nos preocupa que ahora pretendan implementar nuevas prácticas de admisión a nuestra casa de estudios”.
Asimismo, Johan Moreno, representante del Frente de Estudiantes, se refirió que están en total desacuerdo con la nueva propuesta realizada por las autoridades de la UCV, al pretender aplicar una prueba adicional, mal llamada de “habilidades especiales”, aunada a las pruebas internas, lo que, a su juicio, agrava la crisis de ingreso de los sectores de más escasos recursos.
Larry Davoe, director de Servicios Jurídicos de la Defensoría del Pueblo, informó que estas peticiones se incorporarán al análisis que la Institución ha venido realizando en relación con el efecto que tienen algunos mecanismos de ingresos de las universidades públicas y en el caso puntual de las pruebas internas.
La Defensoría del Pueblo asume el compromiso con estos estudiantes y, una vez finalizado el análisis y definidas las acciones, se elevarán ante el Ministerio de Educación Universitaria una serie de recomendaciones en búsqueda de la vigencia de los derechos humanos.
Igualmente, aseveró que la Institución Defensorial mantendrá una evaluación y seguimiento permanente y, en la medida de nuestras atribuciones, se desarrollarán acciones ante esta amenaza y vulneración del derecho a la educación, consagrados en nuestra Carta Magna.
aj / Reporte360
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