En el programa de radio La Voz de la Defensoría, transmitido por Radio Nacional de Venezuela, la Defensora del Pueblo puntualizó que el Gobierno de Colombia está utilizando el caso de los 8 ciudadanos de dicho país, investigados en Venezuela por presunto espionaje, como plataforma para seguir promoviendo la campaña de descrédito contra las instituciones del Estado venezolano, apelando el sensible tema de los derechos humanos con fines políticos y en el marco de venideros procesos electorales en nuestro país.
Afirmó que es bien conocido que en Venezuela conviven más de 2 millones de ciudadanos y ciudadanas colombianos que gozan de la plena protección de sus derechos humanos y que han sido incorporados a todos los programas sociales del Estado, especialmente a las misiones diseñadas por el Gobierno nacional, brindándoles apoyo absoluto, pues muchas de estas personas son víctimas del desplazamiento forzoso generado por la violencia interna que sacude al hermano país.
Asimismo, la Defensora del Pueblo aseveró que el Estado colombiano, a través del consulado, tuvo conocimiento de las verdaderas razones de la privación de libertad de los ciudadanos y ciudadanas que fueron detenidos en nuestro país el pasado mes de marzo, tal como lo establece el numeral 2 del artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual contempla que en el caso de la detención de un extranjero se deberá notificar inmediatamente al Consulado del país que corresponda.
Precisó que de acuerdo con la información suministrada por la Fiscalía General Militar estos ciudadanos y ciudadanas colombianos detenidos, ya tuvieron contacto con representantes del consulado colombiano, quienes conocen que los mismos están privados de libertad luego de que les fuera incautado un importante número de armas de guerra de alto calibre como subametralladoras, fusiles, escopetas, rifles y municiones en plena operatividad, así como fotografías en áreas estratégicas de estaciones y plantas eléctricas, entre otros elementos de convicción que hacen presumir la realización de actividades al margen de la ley.
En criterio de la Defensora del Pueblo, el Gobierno colombiano y el Defensor del Pueblo deberían ocuparse de las graves violaciones al derecho a la vida que padece su país. Recordó el caso de los falsos positivos, jóvenes ilegalmente asesinados por el ejército colombiano, el asesinato de 8 Defensores del Pueblo en el año 2009 en Colombia, la captación e incorporación forzosa de adolescentes en conflictos armados, la muerte violenta de periodistas, la fosa común más grande de la historia reciente de Latinoamérica donde se encontraron 2000 cuerpos, entre otros sucesos.
Finalmente, la Defensora del Pueblo hizo un llamado al Defensor del Pueblo de Colombia y a los representantes de la nueva Junta Directiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a propiciar un diálogo más abierto y cooperativo con las instituciones legítimamente constituidas en el país.