Lo más destacable de la legislación es el impedimento del control de la Asamblea Nacional. Luego de dos decretos de emergencia económica con sus respectivas prórrogas, el TSJ aprueba uno nuevo, acumulando más de seis meses de estado de excepción.
El 11 de marzo el Ejecutivo firmó el primer decreto de estado de excepción y emergencia económica, un documento que de acuerdo con la Constitución debe tener un duración de 60 días prorrogables por solo 60 días más. Pero, seis meses han transcurrido y la disposición continúa vigente.
Esta es una condición que José Vicente Haro, presidente de la Asociación Venezolana De Derecho Constitucional (AVDC), califica como “una dictadura constitucional”, pues se gobierna a través de decretos de estados de excepción, una modalidad también utilizada en la Alemania Nazi. Y es que luego del vencimiento de dos decretos con sus respectivas prórrogas, este 15 de septiembre circuló una Gaceta Oficial con fecha de 13 de septiembre con el mismo material y diferente redacción.
Ninguno de los documentos fue aprobado por la Asamblea Nacional. A pesar de esto, este jueves, la quinta renovación en la materia fue declarada constitucional por el Tribunal Supremo de Justicia. Desde el inicio del ciclo, Haro considera que no ha habido ningún logro tangible en el ámbito económico, de orden público, de seguridad o de alimentación que llegue al ciudadano de a pie.
“Lo que sí ha logrado el Gobierno, lamentablemente, es de facto dejar de acatar la Constitución y desconocer normas y disposiciones constitucionales”. Reitera que esto se da especialmente en los reglamentos relativos al control que ejerce el Parlamento sobre contratos de interés nacional, créditos adicionales, endeudamientos públicos y de materia presupuestaria, pues todos deberían ser aprobados por el Poder Legislativo.
Sin medidas
Orlando Ochoa, economista, concuerda con la tesis de la limitación de la Asamblea Nacional. “El no reconocer que la oposición domine un poder público es una práctica antidemocrática. En el caso de Nicolás Maduro y del chavismo, una de mantener el manejo de los recursos fiscales, de los planes económicos sin discutirlos con ninguna otra fuerza política”.
Asevera que a través de la legislación no se ha llevado a cabo ningún tipo de medidas para frenar la inflación, estabilizar la economía y normalizar el abastecimiento. Critica que se pretenda cubrir la necesidad de alimentación de la población a través de la distribución de bolsas de comida. Además -insiste- no ejecutan acciones extraordinarias para organizar finanzas públicas, organizar un mercado cambiario funcional y reestablecer el crecimiento de la producción industrial, agrícola y de otros sectores.
“Por el contrario, sigue cayendo. Según las cifras extraoficiales que tenemos, hay una caída superior al 16 por ciento en el PIB de lo que va de año, eso es brutal, fruto de un colapso, no es una condición normal”. El experto considera que las medidas que debería emprender el Gobierno son establecer una nueva política económica, un plan de estabilización y cambiar la política petrolera. “Se requiere un nuevo enfoque y eso ya es otra alternativa”.
Fuente.LV
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