El operativo, encabezado por el ministro del Poder Popular para el Comercio, Richard Canán, estuvo a cargo de funcionarios del Instituto Nacional para la Defensa en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis); el Servicio Autónomo de Sanidad Animal (Sasa) y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
Canán informó que dichas acciones forman parte del plan nacional de lucha contra el acaparamiento y la especulación.
En esta ocasión, se supervisaron instalaciones de seis distribuidoras mayoristas y ocho depósitos, que sin cumplir con los requisitos sanitarios y legales correspondientes mantienen mercancía, que se presume se dirige al comercio informal de alimentos.
El ministro de Comercio destacó que era “mercancía almacenada de manera irregular, que no contaba con ningún tipo de permisología, sin la guía de comercialización del Sada y sin los permisos sanitarios correspondientes”.
De inmediato se procedió a la ocupación temporal de estos inmuebles, “vamos a comisar la mercancía y vamos hacer todas las evaluaciones necesarias para proceder a la expropiación de estos locales”.
Destacó el inició un Plan de Fiscalización de todos los centros mayoristas y depósitos de alimentos de nivel nacional.
“El Gobierno bolivariano ha declarado la guerra al comercio informal, a los especuladores, e intermediarios que sacan de la cadena formal de comercialización a la informal”, precisó.
Más de 500 funcionarios, de las distintas instituciones públicas que participaron en el operativo, fueron desplegados en las inmediaciones de los establecimientos comerciales supervisados.
La intención es garantizar que efectivamente estos alimentos que están siendo retenidos, de manera irregular, sean ofrecidos a la población venezolana a través de las cadenas formales de comercialización.
El ministro Canán agregó que en estos operativos colabora la comunidad organizada en Consejos Comunales, quienes se encargan de ejercer la contraloría social, para evitar estas acciones que atentan contra la soberanía alimentaria de la población venezolana.
“Aquí hay harina, leche, arroz aceite en grandes cantidades sin un sólo permiso sanitario, sin una sola factura y sin autorización para funcionar como depósito de alimentos por Sada”, resaltó.
Explicó que la Ley permite a las autoridades aplicar una venta directa de estos alimentos y productos a través de la red de distribución planificada del Estado.
Posteriormente, los recursos que se recaudan por la venta de estos alimentos son depositados en el Fondo Nacional para los Consejos Comunales.
“Ninguno de nuestras instituciones ni la Guardia Nacional, Indepabis, toca un sólo bolívar de estos productos. Esto va al fondo para ser invertidos en las comunidades”, señaló.
El Universal