La organización presentó hoy un amplio informe, de 649 páginas, sobre las prácticas de derechos humanos en todo el mundo, entre ellos la situación que se vive en la región latinoamericana, citó Efe.
Uno de los apartados más duros corresponde a Cuba, «el único país de América Latina donde se reprimen casi todas las formas de disenso político».
Human Rights Watch destaca que durante 2010, La Habana continuó imponiendo el consenso político a través de procesos penales, golpizas, persecución, denegación de empleo y restricciones de viaje.
La organización sostiene que Raúl Castro «ha mantenido plenamente activas las estructuras jurídicas e institucionales represivas de Cuba».
En Venezuela, el informe señala que el control del Gobierno sobre el poder Judicial y el debilitamiento del sistema de control democrático han contribuido a generar una «precaria» situación de derechos humanos en la que «los abusos policiales y la impunidad representan un grave problema».
«Sin un control judicial de sus acciones, el Gobierno del presidente, Hugo Chávez, ha socavado sistemáticamente la libertad de expresión de los periodistas, la libertad sindical y la capacidad de las organizaciones y defensores de derechos humanos de promover derechos básicos», indica.
Además de la represión que ejercen los Gobiernos, el crimen organizado también ejerce una influencia nefasta sobre los derechos humanos en la región.
Así ocurre por ejemplo en México, donde según el informe, muchos de los problemas más graves de derechos humanos que se manifestaron durante 2010 fueron el resultado de enfrentamientos violentos entre las fuerzas de seguridad del Estado y el crimen organizado, así como entre distintos grupos delictivos.
HRW denuncia que si bien el Ejército mexicano continúa cometiendo graves abusos durante operativos de seguridad pública, «los responsables casi nunca responden ante la justicia por sus actos».
En Colombia, el informe destaca que el conflicto armado interno siguió estando asociado a «graves abusos» por parte de grupos armados irregulares, como las guerrillas y los grupos sucesores de los paramilitares.
Con respecto a Honduras, el informe destaca que los responsables de las violaciones de derechos humanos cometidas en forma generalizada por el Gobierno de facto instaurado con posterioridad al golpe de Estado que depuso al presidente Manuel Zelaya, «no han rendido cuentas por sus actos».
La impunidad es también uno de los «problemas serios» en Bolivia, especialmente «la impunidad por las violaciones de derechos humanos».
«Todavía no se ha esclarecido cuál fue el destino de la gran cantidad de personas que desaparecieron antes del restablecimiento de la democracia en 1982, y la mayoría de los responsables de las desapariciones y ejecuciones extrajudiciales no han sido llevados ante la justicia», añadió el informe.
Algo parecido ocurre en Chile, donde los policías acusados de violaciones de derechos humanos continúan siendo investigados y juzgados ante tribunales militares que no cumplen con estándares internacionales sobre independencia e imparcialidad, según el informe.
En Argentina, el informe destaca el progreso «significativo» en los juicios contra militares y policías por desapariciones, asesinatos y torturas ocurridas durante el «terrorismo de estado» de 1976-1983, si bien hubo demoras procesales.
Otro de los países analizados en Brasil, una nación que se ha consolidado como «una de las democracias más influyentes en temas regionales y mundiales de los últimos años», indicó el informe que sostuvo que «aún subsisten importantes desafíos en materia de derechos humanos».