CRÍSIS: Venezuela en el espejo de los 90

La crisis de la Venezuela de 2016 tiene reminiscencias de hace 25 años.

Más de mitad de la población quiere sacar al Presidente sin que haya un liderazgo que lo sustituya a la vista, la economía está golpeada por los bajos precios del petróleo, la crisis social tiene expresión en la calle y un partido político se juega el control de todo el poder.

En la década de los años 90, que recogió la crispación del Caracazo y dos intentos de golpes de Estado, terminó ocurriendo un cambio político, que pudo ser guiado por la Constitución. La institucionalidad ahora es clave para encaminar la participación de los distintos actores políticos y evitar un caos con un final “impredecible”

Un gobierno al que más de mitad de la población quiere sacar, una economía golpeada por los bajos precios del petróleo, un sistema que ya no parece responder a las demandas de la ciudadanía y que es guiado por un partido político que se juega el control del poder y un grupo de privilegiados a los que la situación nacional parece no afectarlos y cuya desfachatez al momento de gastar en fiestas es criticada por una buena porción de la sociedad.

Esa era la Venezuela de finales de los años 80 y la mayor parte de la década de los 90. Pero la descripción también calza al pie de la letra con la coyuntura que presenta el país actualmente. Aunque los protagonistas son distintos, defienden ideologías diferentes y sus respuestas ante la problemática han sido dispares, el panorama general y las consecuencias para la gente también son similares: la cotidianidad se hace cada vez más difícil y se empiezan a barajar opciones de cambio poco comunes.

En 1968 el politólogo estadounidense Samuel Huntington presentó el libro El Orden Político en las Sociedades de cambio. Una de las tesis principales de ese trabajo sirve para estudiar la crisis actual del país y la vivida en los 90.

Según el académico, en las sociedades modernas aumentan los niveles de participación de población, lo que requiere de un incremento de la institucionalidad del Estado para poder canalizar la entrada de esos nuevos actores. Para esto son claves los partidos políticos y que exista un contrato social aceptado por los distintos miembros de la sociedad.

Cuando el aumento de la participación no es acompañado por mayores niveles de institucionalidad, inician los problemas. Al no poder canalizar sus demandas por canales regulares y efectivos, los distintos grupos recurren a vías particulares y se pierde el orden social. Este tipo de sociedades son calificadas por Huntington como “pretorianas” y sucumben al “caos político”.

En la década de los 90 Venezuela se salvó por poco de caer en esta calificación. “La crisis se resolvió por la actuación de la Fiscalía y la Corte Suprema siguiendo mecanismos constitucionales que acabaron con la salida del presidente Carlos Andrés Pérez. Se entiende entonces que la institucionalidad fue mayor a la participación”, indica Luis Alberto Buttó, historiador y profesor de la universidad Simón Bolívar.

Eso ocurrió luego de dos intentos de golpes de Estado y tras momentos de tensión que pusieron al país al borde del caos. Hoy se corre un riesgo similar aunque con una gran diferencia: “Las instituciones tenían antes una fortaleza que no tienen ahora. Se creía en el Tribunal Supremo de Justicia y en el Congreso y había figuras de prestigio para asumir una transición, como Ramón J. Velásquez”, comenta Fernando Ochoa Antich, general retirado que llegó a ser ministro de Defensa y canciller durante los gobiernos de Pérez y Velásquez.

 

Los 90. En el año 1986 el precio del petróleo de la Opep cayó 50% hasta promediar 13,5 dólares -alrededor de 29,5 dólares en valor actual. La caída fue abrupta luego de 6 años en los que se había cotizado en un promedio de 30,8 dólares -o 80,5 al nivel de hoy.

“La administración de Jaime Lusinchi difirió los ajustes económicos que requería la situación y continuó con una política monetaria expansiva, lo que agudizó los desequilibrios macroeconómicos”, explica Luis Zambrano Sequín, miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.

Carlos Andrés Pérez llegó a la presidencia en 1989 enfrentando la necesidad de decretar ajustes. Para esto juntó a un grupo de destacados profesionales con estudios en el extranjero y que se dispusieron a recalibrar la economía a pesar de que la gente tenía la esperanza de que la llegada del nuevo Presidente resolviera los problemas de inmediato.

“El Gobierno decidió implementar una política de choque (incluyó subida de la gasolina y liberación de precios) y eso derivó en una crisis política más que económica con los resultados históricos que ya se conocen”, añade Zambrano.

El Caracazo y la acusación de que las políticas del gobierno eran neoliberales se usaron para justificar acciones como los golpes de Estado del 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992. Casos de corrupción también fueron esgrimidos en contra del gobierno y, aunque las instituciones funcionaron para resolver el caos político con la salida de Pérez, la sociedad empezó a buscar nuevos actores y propuestas para guiar los destinos del país, lo que derivó luego de una transición con Rafael Caldera en la elección de Hugo Chávez como presidente en 1998.

El presente. En la actualidad el precio del petróleo de la Opep ha caído 73% con respecto a 2014 para llegar a promediar 26,5 dólares por barril. La situación puso en jaque el modelo económico chavista, pero pocas medidas de fondo se han tomado para cambiar la situación.

“Los anuncios hechos están lejanos a corregir los problemas. La situación es incluso más complicada que la del 89 porque el Gobierno ha perdido capacidad política para administrar la crisis y tiene poca credibilidad”, advierte Zambrano.

La oposición ha anunciado que busca salidas constitucionales para el gobierno, pero la influencia del chavismo sobre distintas ramas del Estado, como el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral, amenazan con complicar cualquier intento. Venezuela vuelve a estar en el riesgo de convertirse en una sociedad pretoriana.

“Si el gobierno hubiese aceptado que la Asamblea Nacional cumpliera su labor contralora en paz, la solución a la crisis podría no haber requerido la salida de Maduro y se hubiese encontrado un aliviadero. Pero al bloquearse la institucionalidad ahora reunimos las características de una sociedad pretoriana y la situación se puede desbordar. Es muy difícil predecir qué puede ocurrir”, concluye Buttó.

Maduro y CAP

 

La última encuesta de Datincorp reveló que 72% de los interrogados considera que el presidente Nicolás Maduro no debe terminar su periodo presidencial, que es hasta 2019. La situación recuerda a la de Carlos Andrés Pérez, a quien también presionaron solicitándole la renuncia durante su segunda etapa en Miraflores, entre 1989 y 1993.

Uno de los métodos aplicados para forzar la salida de los dos Jefes de Estado es similar: de Pérez se dijo que era colombiano, lo que lo obligó a mostrar públicamente su partida de nacimiento. De Maduro se ha repetido la misma afirmación, por lo que su supuesto documento de identificación también ha sido enseñado en público por algunos funcionarios, entre ellos la presidenta del CNE, Tibisay Lucena. Pese a ello, la polémica sigue.

“Cuando el presidente Pérez llegó a la presidencia en 1989 tenía 60% de prestigio según las encuestas. Poco después, en marzo y tras el Caracazo, bajó a 30%. Él tomó las medidas económicas porque estaba convencido de que eran necesarias, pero la gente tenía la ilusión de que con él se regresaría al periodo de las vacas gordas y eso lo perjudicó”, advierte Fernando Ochoa Antich, que fue ministro de Defensa y luego canciller durante ese gobierno.

Con Maduro la situación fue diferente. A pesar de que los precios del petróleo empezaron a caer en 2014 y se precipitó una crisis económica que se venía formando desde los tiempos de Chávez, el nuevo Jefe de Estado mantuvo o profundizó varias de las políticas socialistas que perjudicaron la economía, como controles excesivos y una hipertrofia del Estado.

Al llegar a Miraflores la popularidad de Maduro superaba levemente el 50%, mientras que ahora sólo 19% de los encuestados por DatinCorp lo quieren como presidente. A esto se suma que la oposición ha dicho que su salida es obligatoria para que se puedan decretar los correctivos que necesita la economía, por lo que se está promoviendo una enmienda constitucional para recortar su mandato y un referendo revocatorio.

En 1992 los militares utilizaron la impopularidad del Jefe de Estado como justificación para intentar sacarlo de esa posición dos veces, primero el 4 de febrero y después el 27 de noviembre. Al final Pérez salió por un juicio abierto por malversación de fondos.

“En Venezuela los golpes de Estado son históricamente un peligro latente. Hay un sector de la sociedad reclamando la participación militar y eso demuestra la permanencia en la mentalidad del venezolano de un apego por las soluciones pretorianas, las cuales siempre han sido negativas porque terminan dejando al país peor de cómo lo encontraron”, advierte Luis Alberto Buttó.

Lo desconocido y Chávez

 

La situación es una de las muestras más fehacientes de que un sector de la población no está satisfecho con la labor de la dirigencia política en este momento y que todavía no existe una figura que aglutine un amplio apoyo. En el lado del chavismo los liderazgos tampoco muestran mucha fuerza: 19% quieren como presidente a Nicolás Maduro, 2% al vicepresidente, Aristóbulo Istúriz, y 1% al diputado Diosdado Cabello.

“Ante el fracaso de Maduro y la MUD como fuerzas políticas, las cuales no logran canalizar la esperanza en medio de una crisis que ha minado las bases de Venezuela, están las condiciones dadas para que surja un liderazgo diferente. Cuando los políticos fallan para llenar los vacíos que hay en la sociedad, los pueblos inventan formas de llenarlos”, sentencia Jesús Seguías, presidente de DatinCorp.

En 1998 los venezolanos escogieron como presidente a Hugo Chávez con 56% y luego de una elección en la que se había promocionado como el candidato que cambiaría el sistema político venezolano. Antes, en 1993, habían votado por Rafael Caldera después de que dejara su partido tradicional, Copei, en lo que fueron los primeros comicios presidenciales en 35 años en los que no ganó el bipartidismo.

“Chávez se logró consolidar por su carisma, el poder económico que tuvo por la subida de los precios del petróleo y los errores de la dirigencia opositora. Ahora el chavismo se intenta consolidar sin él y a la oposición no se le ocurren ideas para combatirlo”, considera Seguías.

Sin embargo, no todo el mundo evalúa negativamente a la MUD. Ochoa Antich considera que los partidos que la integran salieron fortalecidos luego de las elecciones del 6 de diciembre y tienen en sus manos una gran oportunidad.

“El riesgo que existe es que no se resuelvan los problemas y siga pasando el tiempo. Si la Asamblea termina decepcionando porque no le permiten hacer nada y se cierran las vías constitucionales, eso complicará las cosas y podemos quedar a las puertas de la violencia”, afirma el ex ministro.

La caída del petróleo y el gasto

Al igual que ocurrió a finales de los años 80 y principios de los 90, en el presente la caída de los precios del petróleo también ha perjudicado la capacidad de gasto del gobierno, lo que ha dañado la imagen del chavismo.

Desde octubre del año pasado, Maduro refiere esta situación en 80% de las veces que ha aparecido en televisión, según un registro de El Nacional.

En 2016 el precio promedio del barril de la Opep va por 26,5 dólares, el más bajo desde 1999, cuando estuvo en 25,1 dólares si se recalcula al valor actual.

La consecuente caída en los ingresos petroleros ha debilitado el gasto público, que el año pasado fue el más bajo en toda la historia del chavismo desde 1999: 76,5 billones al valor de la moneda en 2007, antes de que se le quitaron tres ceros. El retroceso lo hizo equipararse con los niveles de la década de los 90, cuando promedió 72,7 billones recalculados en base al mismo año.

La situación también ha perjudicado las reservas internacionales, que se encuentran en 13,5 millardos de dólares, su nivel más bajo desde 1989 si se recalculan todos los datos al valor del dólar actualmente. Durante los 14 años de Hugo Chávez en el poder, las reservas promediaron 32,4 millardos de dólares.

Los bajos ingresos en divisas perjudican la capacidad de importar productos, un elemento clave debido a la caída de la capacidad productiva del país. El economista Luis Zambrano Sequín advierte que este es uno de los elementos que hace que la actual crisis sea mucho más grave: “La actividad privada está muy debilitada, la industria petrolera tiene graves problemas y no hay acceso a fuentes de financiamiento”.

Además, la inflación, que llegó a 180,9% en 2015, según datos del BCV, supera ampliamente el valor más alto que hubo en los 90: 103,2% en 1996. El incremento de precios anual promedió 4,4% entre 1958, cuando inició la democracia, y la década de los 80, en la que se elevó a 23,9%. En los 90 subió a 46,4%, en los 2000 bajó a 21,6% y en lo que va de esta década el promedio está en 63%.

Pese a esto, tanto antes como ahora, hay algunos ciudadanos que no parecen sentir la crisis. En 1989 la prensa de la época criticó la llamada “Boda del siglo”, en la que se celebró la unión entre Gonzalo Fernández Tinoco y Mariela Cisneros Fontanals con una fiesta que tuvo 5.000 invitados, actualmente llueven las críticas sobre algunos funcionarios cuando publican fotos de viajes o compras en redes sociales.

El PSUV y AD

 

Al inicio de la década de los 90 existía en Venezuela lo que académicos como José Molina llamaron “un bipartidismo atenuado”, pues Acción Democrática y Copei dominaban la mayoría de los cargos públicos escogidos por votación popular y eso les permitía controlar buena parte del Estado.

La crisis que se desarrolló en esta etapa acabó con esta situación y promovió la entrada de nuevos actores al sistema con mayor fuerza: primero Convergencia y La Causa R en 1993 y luego el MVR en 1998.

Hoy el PSUV se enfrenta a una situación similar, ya que la crisis actual ha menguado sus niveles de popularidad y pone en riesgo el control hegemónico que logró concentrar en los últimos años.

Sin embargo, las actuaciones de los partidos de gobierno ante la crisis han sido dispares. Mientras el PSUV ha cerrado filas en torno a Maduro, por lo meno públicamente, AD trabó varias iniciativas de Carlos Andrés Pérez en el Congreso luego de que agregara en su gabinete a varias figuras ajenas a la organización partidista.

“Pérez introdujo la descentralización y eso terminó siendo inaceptable para un partido cuyos secretarios generales pasaron a ser los gobernadores de todos los estados durante el gobierno de Lusinchi. Por eso le bloquearon medidas como la aplicación del IVA, lo que redujo los ingresos del Gobierno, mantuvo el déficit y dificultó reducir la inflación”, explica Fernando Ochoa Antich.

En el PSUV Maduro ha empezado a acrecentar su poder interno incluso después de la derrota en las elecciones legislativas, aunque esto ha generado el surgimiento de grupos disidentes que se han alejado del partido, como Marea Socialista.

“En el PSUV actualmente están muy unidos por el poder. Entienden que la salida de Maduro significaría su propia salida y que sería difícil volver. Por eso son más leales”, agrega Ochoa Antich.

El TSJ, la Presidencia y la Asamblea

Lo que no lograron dos golpes de Estado en 1992 se consiguió a través de la vía legal en 1993: Carlos Andrés Pérez fue sometido a un antejuicio de mérito y luego suspendido del ejercicio de la presidencia en mayo de ese año por un caso de malversación de fondos de una partida secreta de 250 millones de bolívares.

A pesar de que se siguieron los pasos previstos en la Constitución de 1961 y actuaron la Corte Suprema de Justicia y el Poder Legislativo, distintos sectores han criticado por años la forma en que se procedió.

Una tesis de grado de la Universidad Metropolitana tutorada en 2007 por el historiador Rafael Arráiz Lucca y escrita por Nikola Kedzo y Juan Andrés Rincón, concluyó que el proceso fue un “juicio político”.

El 20 de mayo de 1993 la Corte Suprema de Justicia consideró que existían méritos para enjuiciar al presidente y éste fue suspendido de su cargo por un fallo de 9 votos a favor y 6 salvados. El 17 de junio el Congreso designó como Jefe de Estado provisional a Ramón J. Velásquez, quien finalizó el periodo constitucional luego de que el 31 de agosto se declaró la “falta absoluta” de Pérez. Kedzo y Rincón advierten que la Corte y el Congreso procedieron presionados por la opinión pública y sin que hubiese una condena definitiva sobre el caso en cuestión. Sin embargo, en 1996 Pérez fue sentenciado a 2 años y 4 meses de arresto domiciliario.

En la actualidad la situación es diferente. El Tribunal Supremo de Justicia ha actuado con mucho mayor apego a la Presidencia para debilitar a la Asamblea Nacional. Si en el Legislativo se aprueba la votación de una enmienda para reducir el periodo de Nicolás Maduro, nuevamente el Tribunal tendría poder de decisión sobre la salida anticipada de un Jefe de Estado.

 

Franz Von Bergen|El Nacional

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