Costa Rica teme la llegada a su territorio de pandillas procedentes del norte centroamericano, infiltradas entre personas que se acercan a los puestos fronterizos pidiendo refugio por la violencia que azota a El Salvador, Honduras y Guatemala.
La preocupación fue expuesta a la prensa local por la directora general de Migración y Extranjería, Gisela Yockchen, quien calificó el problema como serio, dado que miembros de las maras que llegan al país tienen compromisos con pandillas en sus países.
“Sin embargo, se hace un trabajo de inteligencia policial bastante efectivo, procurando respetar el debido proceso, pero aplicando una estrategia que venga a procurar seguridad del país”, dijo Yockchen al diario local La Nación.
Las maras o pandillas son organizaciones locales con ramificaciones internacionales, conocidas como MS (Mara Salvatrucha), MS-18 o simplemente Mara.
Estos grupos delictivos están presentes en los países que conforman el llamado triángulo norte de Centroamérica, que es a su vez considerada la región más violenta del mundo, donde no hay guerra pero sí abunda el crimen organizado, en el que se cree militan unas 100.000 personas.
Según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el número de solicitudes de refugio en este Costa Rica aumentó de 1.384 personas en 2014 a 4.470 en 2016.
Solo el año pasado, el país otorgó 1.593 estatus de refugio a centroamericanos. De ellos, 1.436 fueron salvadoreños. Este año, entre enero y mayo, fueron recibidas 2.582 solicitudes, 761 procedentes de El Salvador, 107 de Honduras y 12 de Guatemala.
No obstante, Costa Rica sólo aprobó 335 gestiones de refugio durante 2016, de los cuales 306 fueron a salvadoreños.
El pasado mes, la Policía capitalina capturó a dos pandilleros salvadoreños, que habían ingresado como turistas por el puesto migratorio de Peñas Blancas. Uno de ellos, de apellido Alfaro y 26 años de edad, tenía antecedentes penales en su país por hurto agravado, posesión de armas prohibidas y extorsión.
Desde hace más de dos meses, Costa Rica mantiene un plan de seguridad dirigido a detectar a extranjeros indeseables para expulsarlos a sus países.
En ese tiempo, a 29 personas les aplicó la expulsión de su territorio al comprobarse que cometieron en sus países de origen delitos como violación, contra la propiedad, crimen organizado, narcotráfico y otras alertas internacionales. Otros 59 foráneos están siendo indagados por lo mismo.
Yockchen explicó que el país pretende mejorar el sistema de paso de extranjeros por los puestos migratorios, mediante un sistema de huellas dactilares que le costará al país 20 millones de dólares.
Con el nuevo sistema Costa Rica pretende detectar las personas que tienen problemas con la Justicia en otros países.
Cortesía: Diario Las Américas