Enríquez citó como ejemplo que los venezolanos no están obligados a responder cuántas personas habitan por cuarto en sus viviendas, en qué empresa trabajan, cuántos vehículos posee y dónde se encontraba en 2006, pues no son datos que el Instituto Nacional de Estadística pueda tomar en cuenta para realizar estadísticas técnicas y sociológicas que le permitan al Estado venezolano crear una planificación del desarrollo nacional y de vivienda.
«Copei no promueve un boicot al censo, pero exigimos que esos cuestionamientos que no tienen ningún soporte técnico, sociológico ni estadístico sean retirados del mismo. No es posible que por cada 10 preguntas que tiene el cuestionario del censo 2011 se introduzca una interrogante invasiva e inconstitucional», aclaró el vocero.
Enríquez aseguró que la demanda presentada en el TSJ está fundamentada en un estudio realizado por José Curiel y un equipo técnico del partido, cuya conclusión fue que el censo pautado para septiembre de 2011 contiene preguntas invasivas, discriminatorias y que violan los artículos 2, 19, 22 y 23 de la Constitución nacional vigente.
No hay garantías de ley
El dirigente político recordó que en el artículo 9 de la Ley del INE se establece que los datos referidos al origen étnico, moral, religión, ideología y raza no son de suministro obligatorio.
El presidente de Copei sostiene que aunque las autoridades del INE argumenten que la información recogida en el censo es confidencial, por lo cual los ciudadanos no deben temer a que se viole su privacidad, es importante preguntarse quién puede dar esa garantía, ya que legalmente este instituto está obligado a hacer públicos los datos del censo.
La directiva socialcristiana se reunirá el viernes con el presidente del INE, Elías Eljuri, para plantear que se eliminen del cuestionario algunas interrogantes.