Consejo Nacional Electoral ignora las violaciones de las normas electorales

    A pesar de que han sido registradas de manera detallada, de que han sido denunciadas ante varios organismos públicos y de que existen reglamentos que las sancionan, las violaciones de las normativas electorales gozan de impunidad en el país.

Actores del proceso comicial coinciden en que, como en elecciones anteriores, ocurren violaciones de las leyes cuando ni siquiera ha comenzado la campaña, que se inicia el 25 de agosto y culmina el 23 de septiembre.

En su último informe de vigilancia electoral, la organización Súmate hizo un seguimiento a los medios estatales durante el primer semestre del año. En el documento, consignado ante la Contraloría General de la República y el Consejo Nacional Electoral, los técnicos aseguran que el Presidente violó la Constitución y las normas de campaña al utilizar la plataforma de los medios del Estado y la infraestructura pública para actos proselitistas.

Explican que en este período el primer mandatario tuvo 170 intervenciones, transmitidas por la red de medios públicos, que ocuparon un total de 496 horas, lo que se traduce en un promedio de 3 horas diarias de programación.

De los 170 programas, 9 fueron explícita y completamente a favor del Partido Socialista Unido de Venezuela. También señalan que en algunas de los restantes 161 el Presidente promocionó a los candidatos de su partido a la Asamblea.

En su informe, Súmate señala que el mandatario viola la Constitución, la Ley Orgánica de Procesos Electorales, la Ley Contra la Corrupción, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y los reglamentos 5 y 6 aprobados por el árbitro electoral.

El director de Súmate, Ricardo Estévez, considera que el CNE no ha mostrado voluntad política para sancionar las infracciones. “Estas violaciones se producen en momentos de precampaña, por lo que tienen una implicación directa sobre todo el mundo”.

Estévez indica que la organización hace seguimiento a los medios de comunicación y que entregará otro informe a tres semanas de las elecciones.

“Hasta ahora se han producido dos transmisiones proselitistas en las que ha estado ausente el Presidente, pero han participado los gobernadores, lo que también está prohibido por la Constitución”, dijo.

Abuso sin precedentes
El rector del CNE Vicente Díaz coincide con esa opinión y considera que nunca hubo un ventajismo tan evidente en los medios del Estado. “Cualquier persona que encienda la televisión estatal se dará cuenta de que está dedicada a promocionar al partido de Gobierno y a denigrar a los factores que se le oponen”, dice.

Díaz, presidente de la Comisión de Participación Política y Financiamiento, encargada de hacer seguimiento a la campaña electoral, señala que las otras cuatro rectoras se han opuesto a sus peticiones para que se supervise el uso de recursos públicos en la campaña. “Mis colegas no han mostrado disposición para controlarla”, expresa.

Asevera que se violan las leyes al utilizar recursos como los medios estatales para promocionar una parcialidad.

“Cuando el músculo del Estado se usa a favor de una parcialidad, no hay equidad”, dice.

Recordó que sus sugerencias para controlar las transmisiones presidenciales y las cadenas en los reglamentos fueron rechazadas en el directorio, instancia que toma sus decisiones de manera colegiada.

“Tenemos una infraestructura electoral del siglo XXI, pero con un marco normativo del siglo XIX”, afirma.

Comisión de seguimiento
A finales de julio, la Mesa de la Unidad propuso al CNE la creación de una comisión para el seguimiento de los medios de comunicación, integrada por representantes de los medios públicos y privados y representantes de las alianzas políticas.

El coordinador electoral de Un Nuevo Tiempo, Vicente Bello, asevera que han acudido a todas las instancias para denunciar las infracciones.

Recuerda que, en su último informe, la Unión Europea y la OEA recomendaron al árbitro electoral promover mayor equidad en la campaña electoral. “Venezuela es el único país de América Latina en el que no se regulan los gastos presidenciales”, señala.

El Nacional