La Cámara de Representantes del Congreso de Florida aprobó hoy de manera unánime una medida que prohíbe al estado y a sus agencias realizar intercambios comerciales con empresas que hayan hecho negocios con el Gobierno encabezado por Nicolás Maduro en Venezuela.
La medida es una muestra de apoyo al pueblo venezolano y a «su batalla para restaurar la democracia frente a este dictador brutal», según dijo la republicana Jeanette Nuñez, una de las promotoras de la medida, en declaraciones que recogió el blog especializado Florida Politics.
La aprobación de la norma en la Cámara Baja se da después de que el gobernador de Florida, Rick Scott, ratificara esta semana, en un encuentro con la comunidad venezolana radicada en este estado, que daría todo su apoyo a medidas que permitan acabar con el régimen de Maduro.
El gobernador de Florida, estado en donde se asienta la más grande comunidad de venezolanos en EE.UU., ha sido un crítico del Gobierno que encabeza Nicolás Maduro y en octubre del año pasado presentó también una medida que prohibía inversiones de este estado que beneficiaran al régimen venezolano.
«El régimen de Maduro está hiriendo y oprimiendo a las familias venezolanas cada día más y he sido absolutamente claro de que el Estado de Florida no lo tolerará», señaló hoy Scott por medio de un comunicado.
En el Senado la medida pasó ya un comité y le restan otros dos antes de alcanzar el pleno de la Cámara Alta para su debate.
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Uno de los promotores de la iniciativa en el Senado, José Javier Rodríguez, indicó que el voto unánime a favor de la medida en la Cámara de Representantes constituye un apoyo al pueblo venezolano y a «la causa de la libertad y de la democracia» en esa nación.
«Debemos continuar presionando a las agencias estatales para evitar la inversión de los dólares de nuestros contribuyentes en compañías que apoyan regímenes dictatoriales y opresivos como el de Maduro en Venezuela», manifestó el senador.
Rodríguez resaltó que la medida es una respuesta a la compra que hizo el año pasado Goldman Sachs de bonos emitidos por la petrolera estatal venezolana PDVSA por un monto de 2.800 millones de dólares.