Fue aprobada la Ley de Amnistía que recoge el perdón jurídico para los miembros de las FARC que no hallan cometido delitos graves en el conflicto, en el congreso de Colombia, después de que el pleno del Senado diera luz verde al proyecto.
Con un total de 69 senadores a favor de la ley y ninguno en contra fue aprobada la misma. Horas antes también pasó en la Cámara de Representantes con 121 votos a favor y cero negativos. La iniciativa busca dar seguridad jurídica a los miembros de las FARC que entreguen las armas como parte del acuerdo de paz con el Gobierno.
«Con 69 votos a favor y cero en contra la Plenaria del Senado aprueba Ley de Amnistía. El proyecto ahora pasa a la Corte Constitucional para su revisión», dijo en su cuenta de Twitter el presidente de la Cámara Alta, Mauricio Lizcano.
El proyecto legislativo también contempla un tratamiento especial para los agentes del Estado que hayan podido cometer crímenes en el marco del conflicto armado. Según Lizcano los miembros de la Fuerza Pública que se beneficiarán son aquellos «que hayan sido condenados, procesados o señalados de cometer conductas punibles por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado».
En este sentido, el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, general Juan Pablo Rodríguez Barragán, agradeció en un vídeo distribuido por el senador Armando Benedetti que la cámara «haya considerado esta ley tan importante para los miembros de la Fuerza Pública».
La Ley de Amnistía busca beneficiar a unos 6.000 miembros de las FARC procesados por los delitos políticos de rebelión, asonada y conspiración, entre otros. Lizcano destacó que esos guerrilleros «comenzarán a bajar del monte y entregar sus armas.
Ellos gozarán de este beneficio que trae la paz, porque no son investigados por delitos de lesa humanidad». Según analistas, con la Ley de Amnistía en vigor las FARC podrán agilizar el traslado de sus miembros a las zonas veredales transitorias de normalización (ZVTN) donde se reunirán como paso previo para la dejación de armas y desmovilización, sin la preocupación de que serán requeridos por órdenes judiciales.