Comunidades fiscalizarán el mercado de alquileres

   La propuesta de reforma de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, que fue presentada la semana pasada en el Parlamento, incorpora la contraloría social, de manera que se delega en las comunidades la fiscalización del mercado de alquileres.

El proyecto contempla un aparte para la participación del poder popular, y en el artículo 150 indica que «las organizaciones sociales de trayectoria en materia inquilinaria así como los consejos comunales deberán ejercer la controlaría social de la Dirección Nacional de Inquilinato con el fin de vigilar el cumplimiento de la ley».

El Ejecutivo Nacional desde hace dos años está incluyendo en los marcos legales la controlaría social, de manera que se delega en las comunidades la revisión de sectores como alimentos, banca, entre otros.

Mayores atribuciones

De acuerdo al texto, el soporte que otorgarán los consejos comunales se debe entre razones al incremento de las atribuciones que tendrá Inquilinato.

En una de las disposiciones se indica que las comunidades realizarán más actividades. La Dirección en conjunto con las organizaciones sociales creadas para la protección de los derechos de los inquilinos fomentará el acceso a una vivienda adecuada, segura, cómoda con servicios básicos.

Inquilinato estará encargado de velar por el cumplimiento del marco legal e imponer las sanciones administrativas respectivas, cuyos montos oscilan entre 50 y 400 unidades tributarias (3.800 a 30.400 bolívares).

Pero además la instancia tiene que proveer de refugios o buscar soluciones habitacionales transitorias o definitivas para aquellas familias afectadas por los desalojos cuando manifiesten que no tienen lugar dónde habitar.

Aunado a la búsqueda de viviendas, el organismo tiene que realizar inspecciones en las edificaciones que están destinadas al uso del arrendamiento «a fin de validar su estado de conservación en el mantenimiento preventivo».

La Dirección de Inquilinato tiene que revisar y controlar los contratos de arrendamientos destinados a vivienda estableciendo así una base de datos de contratos de alquiler.

La instancia también tendrá que efectuar un censo de contratos de arrendamiento, que se revisará cada tres años.