Comunicado de la Casa Blanca sobre la Orden Ejecutiva de Trump que sanciona al gobierno de Maduro

Comunicado de la Casa Blanca sobre la Orden Ejecutiva de Trump que sanciona al gobierno de Maduro

Declaración del Secretario de Prensa sobre Nuevas Sanciones Financieras sobre Venezuela
El Presidente Donald J. Trump ha firmado una Orden Ejecutiva imponiendo fuertes y nuevas sanciones financieras a la dictadura en Venezuela.
La dictadura de Maduro sigue privando al pueblo venezolano de alimentos y medicinas, encarcelando a la oposición democráticamente elegida y suprimiendo violentamente la libertad de expresión. La decisión del régimen de crear una Asamblea Constituyente ilegítima -y más recientemente para que ese cuerpo usurpe los poderes de la Asamblea Nacional democráticamente elegida- representa una ruptura fundamental en el orden constitucional legítimo de Venezuela. En un esfuerzo por preservarse, la dictadura de Maduro premia y enriquece a los funcionarios corruptos en el aparato de seguridad del gobierno al cargar a futuras generaciones de venezolanos con deudas masivas. La mala gestión económica de Maduro y el saqueo desenfrenado de los activos de su nación han llevado a Venezuela a estar cada vez más cerca del incumplimiento. Sus funcionarios ahora están recurriendo a esquemas de financiamiento opacos y liquidando los acsets del país en los precios de venta del fuego. Como dijo el vicepresidente Mike Pence, en Venezuela, «vemos la tragedia de la tiranía jugar ante nuestros ojos». Ninguna gente libre ha elegido jamás el camino de la prosperidad a la pobreza. Ninguna gente libre alguna vez ha elegido convertir lo que una vez fue, y todavía debe ser, una de las naciones más ricas de América del Sur en sus más pobres y corruptos.
No nos quedaremos de pie mientras Venezuela se desmorona. La nueva medida del Presidente prohíbe los trámites de nueva deuda y patrimonio emitidos por el gobierno de Venezuela y su empresa petrolera estatal. También prohíbe las transacciones en ciertos bonos existentes propiedad del sector público venezolano, así como los pagos de dividendos al gobierno de Venezuela.
Para mitigar el daño al pueblo estadounidense y venezolano, el Departamento del Tesoro está emitiendo licencias generales que permiten transacciones que de otro modo estarían prohibidas por la Orden Ejecutiva. Estos incluyen disposiciones que permiten un período de liquidación de 30 días; Financiamiento para la mayor parte del comercio, incluyendo la exportación e importación de petróleo; Transacciones que involucren únicamente a Citgo; Tratos en determinadas deudas venezolanas existentes; Y el financiamiento de bienes humanitarios a Venezuela.
Estas medidas se calibran cuidadosamente para negar a la dictadura de Maduro una fuente crítica de financiamiento para mantener su regla ilegítima, proteger al sistema financiero de los Estados Unidos de la complicidad en la corrupción de Venezuela y en el empobrecimiento del pueblo venezolano y permitir la asistencia humanitaria.
Estados Unidos no está solo en condenar al régimen de Maduro. A través de la Declaración de Lima del 8 de agosto, nuestros amigos y socios de la región se negaron a reconocer la Asamblea Constituyente ilegítima o las leyes que adopta. Las nuevas sanciones financieras de Estados Unidos apoyan esta postura regional de aislamiento económico de la dictadura de Maduro.
Los Estados Unidos reiteran nuestro llamamiento a Venezuela para que restablezca la democracia, celebren elecciones libres y justas, liberen inmediatamente a todos los presos políticos y apliquen todos los trámites necesarios.

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EN INGLES

Statement by the Press Secretary on New Financial Sanctions on Venezuela
President Donald J. Trump has signed an Executive Order imposing strong, new financial sanctions on the dictatorship in Venezuela.
The Maduro dictatorship continues to deprive the Venezuelan people of food and medicine, imprison the democratically-elected opposition, and violently suppress freedom of speech. The regime’s decision to create an illegitimate Constituent Assembly —and most recently to have that body usurp the powers of the democratically-elected National Assembly—represents a fundamental break in Venezuela’s legitimate constitutional order. In an effort to preserve itself, the Maduro dictatorship rewards and enriches corrupt officials in the government’s security apparatus by burdening future generations of Venezuelans with massively expensive debts. Maduro’s economic mismanagement and rampant plundering of his nation’s assets have taken Venezuela ever closer to default. His officials are now resorting to opaque financing schemes and liquidating the country’s acsets at fire sale prices. As Vice President Mike Pence has said, in Venezuela, «we’re seeing the tragedy of tyranny play out before our eyes.» No free people has ever chosen to walk the path from prosperity to poverty. No free people has ever chosen to turn what was once, and should still be, one of South America’s richest nations into its poorest and most corrupt.
We will not stand by as Venezuela crumbles. The President’s new action prohibits dealings in new debt and equity issued by the government of Venezuela and its state oil company. It also prohibits dealings in certain existing bonds owned by the Venezuelan public sector, as well as dividend payments to the government of Venezuela.
To mitigate harm to the American and Venezuelan people, the Treasury Department is issuing general licenses that allow for transactions that would otherwise be prohibited by the Executive Order. These include provisions allowing for a 30-day wind-down period; financing for most commercial trade, including the export and import of petroleum; transactions only involving Citgo; dealings in select existing Venezuelan debts; and the financing for humanitarian goods to Venezuela.
These measures are carefully calibrated to deny the Maduro dictatorship a critical source of financing to maintain its illegitimate rule, protect the United States financial system from complicity in Venezuela’s corruption and in the impoverishment of the Venezuelan people, and allow for humanitarian assistance.
The United States is not alone in condemning the Maduro regime. Through the Lima Declaration of August 8, our friends and partners in the region refused to recognize the illegitimate Constituent Assembly or the laws it adopts. The new United States financial sanctions support this regional posture of economically isolating the Maduro dictatorship.
The United States reiterates our call that Venezuela restore democracy, hold free and fair elections, release all political prisoners immediately and _unccinditionallKand_encl_tbe_tesireission.oftbeNenezitelarLneorile—We_conlinatto_gand_with.tbe_ntonle_oLVeuezuela_diffinsttbestitvinttimes.