La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) denunció este martes que el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela es “un brazo” del Gobierno de Nicolás Maduro quién a su juicio “ha dejado de actuar como un ente independiente de defensa de la ley para complacer los deseos del Ejecutivo”.
«La Corte Suprema de Justicia de Venezuela ha dejado de actuar como una corte independiente que aplica la ley y el orden y se ha convertido en un brazo de un Ejecutivo autoritario», afirma la CIJ en un informe que presentó.
En el informe denunció que, desde diciembre de 2015, el TSJ progresivamente ha «desmantelado el imperio de la ley, ha socavado los derechos humanos y no ha cumplido con lo establecido en la Constitución del país».
Uno de los ejemplos que citó son las sentencias 155 y 156 en las que el Poder Judicial asumió los poderes legislativos, «privando a la Asamblea Nacional (AN) de sus poderes constitucionales, otorgando poderes arbitrarios de gran envergadura al Ejecutivo», denuncia la CIJ.
El estudio sostiene que el tribunal ha sido «tomado» por el Ejecutivo, que sus miembros son militantes o exfuncionarios del oficialismo, y que se ha convertido supuestamente en un instrumento político usado contra la oposición.
Asimismo, también denunció que el TSJ ha interpretado la Constitución de forma «arbitraria» y ha dictado sentencias en base a una interpretación parcial en lugar de en base a hechos y a la ley.
«Han decidido en función de consideraciones políticas e ideológicas y lealtades partidarias hacia el Poder Ejecutivo», subrayó la CIJ.
Asimismo, la Comisión denunció que el máximo tribunal no haya aplicado las recomendaciones de varios estamentos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y mecanismos interamericanos, además ha violado el principio de la separación de poderes.
«Como consecuencia de sus decisiones basadas en intereses del Poder Ejecutivo, la Corte ha perdido sus atribuciones esenciales de un poder judicial auténtico, como la independencia, la imparcialidad, la autonomía y la legitimidad, y ha asumido el rol de dar apariencia de legitimidad jurídica a acciones políticas arbitrarias», concluye el informe.