En una sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el procurador general de Ecuador, Diego García, pidió a esa instancia que tome una decisión “histórica” y admita la denuncia.
Mientras, el embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Alfonso Hoyos, dijo que el organismo “no es competente” para evaluarla y, tras presentar la versión de Bogotá durante unos 20 minutos como le correspondía, se retiró de la audiencia.
Esa es la segunda denuncia de un Estado contra otro que estudia la Comisión en sus 50 años de historia. La primera fue la de Nicaragua contra Costa Rica en 2006, que fue declarada inadmisible en 2007. La CIDH no suele dar preferencia a este tipo de casos y una admisión sería histórica.
Ecuador presentó en junio de 2009 una denuncia contra Colombia por la muerte de Aisalla, porque alega que cuando Bogotá bombardeó el campamento de las FARC en Ecuador violó los derechos a la vida, a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial del ciudadano ecuatoriano.
En esa operación, efectuada el 1 de marzo de 2008, murieron al menos 26 personas, entre ellas el “número dos” y portavoz internacional de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), alias “Raúl Reyes”, Aisalla y cuatro estudiantes mexicanos.
Quito afirma que el ecuatoriano murió en “una ejecución sumaria en territorio ecuatoriano por parte de un Estado extranjero”, mientras que Colombia alega que falleció como consecuencia de las ondas explosivas consecuencia del bombardeo contra un campamento terrorista donde se encontraba Aisalla en el momento de los hechos.
El embajador de Colombia aseguró que Bogotá “no tiene ningún problema con el hermano Ecuador. sino con un grupo de asesinos, narcotraficantes, terroristas y secuestradores llamados las FARC”, y alegó que el campamento era un objetivo militar legítimo y la operación se enmarcaba en el Derecho Internacional Humanitario.
Para el Gobierno colombiano, la Comisión no tienen competencia para declarar infracciones al Derecho Internacional Humanitario, y Hoyos explicó que existen escenarios adecuados y competentes para juzgar el caso.
Dijo que su Gobierno responderá por escrito a las peticiones y comentarios que haya por parte de la CIDH y de Ecuador.
EFE