Las ONG Provea y Cofavic advierten una escalada en la violación de los derechos humanos en las manifestaciones pacíficas que desde el 4 de abril se llevan a cabo en el país para rechazar las sentencias 155 y 156 que fueron emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia y para respaldar la decisión de la Asamblea Nacional de destituir a los magistrados del TSJ ante “la ruptura del orden democrático”.
En las jornadas de protesta la utilización de gases tóxicos y de color –se desconoce qué tipo de sustancia es-, así como las bombas vencidas disparadas contra objetivos civiles, podrían constituir crímenes de lesa humanidad, explica Liliana Ortega, directora de Cofavic.
“Ni siquiera bajo un estado de excepción o cuando está en vigencia el derecho internacional humanitario –rige cuando hay conflicto armado interno o externo- se puede suspender el derecho a la vida, integridad personal y el debido proceso. Todos los mecanismos de orden público tienen que adecuarse a la protección y garantía de los derechos humanos. Asumir sus atribuciones en el marco de la Constitución”, dijo Ortega. Amnistía Internacional también realizó un llamado a “parar el uso excesivo de la fuerza”.
Las persecuciones, ataques a centros comerciales, clínicas, residencias, bombas que son lanzadas desde helicópteros -el artículo 141 de la Ley de Aeronáutica Civil condena de 6 a 8 años a quien arroje sustancias nocivas desde aeronaves- forman parte de las actuaciones de represión por parte de los organismos de seguridad. El sábado la PNB arremetió contra establecimientos del municipio Chacao -Tolón, Lido, Ciudad Tamanaco- y viviendas. En el Tolón la GNB disparó lacrimógenas a la población civil. El sábado pasado, en el CCCT también se vivió una situación muy crítica por la fuerte represión de los cuerpos de seguridad.
El coordinador general de Provea, Rafael Uzcátegui, considera que “se intenta causar el mayor daño posible a los manifestantes. Hay personas heridas porque arrojan las bombas para agredirlas”. Afirma que el mayor número de detenciones se ejecutan cuando la persona camina sola, participe o no en la convocatoria. También reportan robos y requisas. Provea prevé un “recrudecimiento en la violación de los derechos humanos” producto de la represión. Acusa que la actuación de los funcionarios es desproporcionada: “No se están cumpliendo los estándares internacionales del uso profesional de la fuerza”.
Rostros criminalizados. El Cicpc publicó en Twitter imágenes de algunos ciudadanos que han asistido a las marchas, considerados “generadores de violencia”. “No se puede colocar rostros de personas asociándolos a un delito. Se viola el principio mínimo de presunción de inocencia y el debido proceso”, expresa Ortega.
Uzcátegui rechaza que grupos “parapoliciales” actúen contra los manifestantes. Las medidas de seguridad deben ser de carácter civil. “Las fuerzas militares no están desarrolladas para formar parte de los organismos de control de orden público”, destaca Ortega.
f.EN