Martini argumentó que la intención del Gobierno en querer alquilar o comprar casas para entregarlas a los damnificados no tendría nada de extraño “ni sería ningún problema si existieran reglas claras en igualdad de condiciones… eso sería normal en cualquier democracia del mundo, pero no aquí, donde el Gobierno impondrá el precio del alquiler o, en caso de compra, cuánto cuesta la vivienda; eso lo fija el propietario porque se trata de su propiedad”, enfatizó.
Para Martini, la medida puede provocar un efecto contrario, pues consideró que obligarían a que un negocio lícito como el de anunciar alquileres, se convertirá en una negociación personal directa “sin posibilidad de notariar contratos como normalmente se hace”.
El presidente de la Cámara Inmobiliaria amplió que otro efecto que puede generar una medida como esa es “que también se satanice el negocio ya deprimido de los arrendamientos, como se hizo con la preventa, que se les llamó estafadores a un grupo de constructores que tenían que cobrar el ÍPC para soportar los altos costos de los materiales de construcción”.
Insistió en que la oferta de arrendamientos cada vez es menor. Se ha reducido 84%; de 100 apartamentos se alquilan apenas seis.