“Cuatro personas murieron calcinadas en el interior del autobús, entre ellos un menor de edad y una mujer falleció a su ingreso a la sala de urgencias del hospital” Roosevelt, dijo a Efe un portavoz de los Bomberos Municipales.
El portavoz de la Policía Nacional Civil (PNC), Donald González, aseguró a medios locales que “aún no se ha establecido qué tipo de artefacto” fue el que provocó el incendio dentro de la unidad, en la que se transportaban varias decenas de personas.
Las autoridades investigan varias versiones de testigos sobre el ataque. Una señala que hombres desconocidos que se movilizaban en un automóvil particular lanzaron el artefacto al interior del autobús en el momento en que éste se encontraba detenido en una transitada calzada del noreste de la capital.
Otra de las versiones, proporcionada por uno de los pasajeros, es que una mujer que viajaba en la unidad abandonó un maletín que supuestamente contenía el artefacto, y luego huyó en un vehículo que la esperaba.
La explosión desató un incendio en el interior de la unidad de Transportes Quetzal, que viaja del municipio de San Juan Sacatepéquez, en la periferia noroeste de la capital, hacia el centro de la ciudad.
Las víctimas mortales y los heridos aún no han sido identificados pero, según los cuerpos de socorro, en su mayoría se trata de obreros y amas de casa.
Unidades de expertos en explosivos de la PNC y del Ejército realizan en el lugar las investigaciones para determinar el tipo de artefacto utilizado en el ataque.
En febrero de 2009 una “bomba casera” lanzada por una supuesta pandillera en el interior de un autobús del servicio de transporte en la capital guatemalteca causó heridas y quemaduras de gravedad a cuatro personas.
De acuerdo con la PNC, en esa ocasión la supuesta pandillera se subió al autobús y tras discutir con el chofer, que se negó a pagarle una extorsión, lanzó la bomba contra los pasajeros.
El artefacto, según las fuerzas de seguridad, similar a los cocteles molotov, estaba fabricado con gasolina, clavos y fósforo.
Grupos de pandilleros vinculados a bandas del crimen organizado, según las autoridades locales, extorsionan a los choferes del servicio de transporte público, a los que a diario les exigen el pago de un “impuesto de circulación” a cambio de no agredirlos.