El caso será escuchado en la primera audiencia pública del 138 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se celebra hasta el 26 de marzo en la sede del organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Se trata de la segunda denuncia interestatal que verá la CIDH en sus casi 51 años de historia.
El primer caso en el que un Estado denunció a otro fue el de Nicaragua contra Costa Rica en 2006. En ese caso, Managua acusó a San José de xenofobia y discriminación contra inmigrantes nicaragüenses. La denuncia fue declarada inadmisible en 2007.
Ecuador presentó la denuncia en junio de 2009 alegando que Colombia había violado varios artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos cuando bombardeó un campamento de las FARC ubicado en territorio ecuatoriano.
En concreto, se refirió a los artículos que protegen el derecho a la vida, a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial.
En esa operación, que tuvo lugar el 1 de marzo de 2008, murieron unas 26 personas, entre ellas el portavoz internacional del grupo guerrillero, Luis Édgar Devia, alias “Raúl Reyes”, el ecuatoriano Franklin Aisalla y cuatro estudiantes mexicanos.
Ecuador consideró la operación militar colombiana como una violación a su soberanía, y rompió relaciones diplomáticas con el vecino país el 3 de marzo de 2008.
El 13 de noviembre pasado, Ecuador y Colombia anunciaron el nombramiento de sus respectivos encargados de negocios en Quito y Bogotá.
Ecuador afirma en su denuncia que Aisalla murió como consecuencia de “una ejecución sumaria en territorio ecuatoriano por parte de un Estado extranjero”, mientras que Bogotá alega que falleció por la “onda explosiva producto del bombardeo al campamento del terrorista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ‘Raúl Reyes’, donde se encontraba en el momento de los hechos”.
Bogotá sostiene que Aisalla “formaba parte de un grupo criminal al servicio de las FARC”, según afirmó el 13 de junio en respuesta a la denuncia de Quito, que insiste que el hecho de que éste hubiera o no pertenecido a la guerrilla no influye en la demanda.
El procurador general del Estado ecuatoriano, Diego García, explicó cuando presentó la denuncia ante la CIDH que está “demostrado, a través de los peritajes, el hecho de que (Aisalla) murió como consecuencia de golpes repetidos en la parte posterior de la cabeza, que no son producto, necesariamente, de la onda expansiva de la explosión, sino de golpes que habrían sido dados posteriormente a la explosión en el mismo lugar”.
La CIDH se limitará a evaluar exclusivamente aquellos aspectos que se refieren a las violaciones de los derechos humanos planteadas en la denuncia de Ecuador y se trata de una audiencia para determinar si el caso es admisible o no.
EFE