En el documento, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, encabezada por la colombiana Catalina Botero, hace especial énfasis en los asesinatos, las agresiones y amenazas que se registran contra periodistas.
Llama asimismo la atención sobre el avance y los desafíos que presenta el derecho de acceso a la información, el uso que se puede hacer del derecho penal para inhibir o sancionar expresiones críticas o disidentes, los avances y retrocesos en la diversidad y el pluralismo, y sobre la importancia de reformar algunos mecanismos que pueden ser empleados como censura indirecta.
En el capítulo del informe anual de la CIDH, la Relatoría indica que al menos trece periodistas fueron asesinados en la región por razones que estarían vinculadas al ejercicio de su labor durante 2009, una cifra que Botero califica de «lamentable».
También hubo el año pasado al menos dos centenares de denuncias sobre actos de agresión, amenaza e intimidación contra comunicadores y medios presuntamente vinculados con el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.
La Relatoría resaltó que durante 2009 se produjeron avances en la investigación, el procesamiento y la sanción de los responsables de algunos de los delitos cometidos contra periodistas en años previos.
Sin embargo, pese a estos esfuerzos, «la mayoría de estos delitos permanece en situación de preocupante impunidad», afirmó.
Por otro lado, durante el año pasado se produjeron importantes avances para la reforma de las normas sobre difamación criminal en cuanto a los discursos sobre asuntos de interés público.
Pero en 2009 la Relatoría continuó recibiendo información sobre declaraciones de altas autoridades estatales que descalificaron la labor periodística de algunos comunicadores y medios críticos, acusándolos de conspiración, terrorismo o traición a la patria.
«Resulta particularmente preocupante que, en algunos de estos casos, a tales declaraciones le hayan seguido actos violentos contra periodistas o la apertura de procedimientos administrativos que amenazarían con el retiro de las concesiones, permisos o licencias de funcionamiento de los medios de comunicación críticos», señala.
El organismo apunta también a algunas decisiones judiciales que prohibieron la difusión de información de interés público.
Por otra parte, Botero también recibió denuncias sobre la asignación de publicidad oficial para castigar o premiar a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas.
Por contra, hubo avances en la incorporación de los estándares sobre acceso a la información.
Durante el año pasado, la Relatoría continuó enfatizando en la necesidad de que la autoridad competente en materia de radiodifusión sea un órgano técnico independiente del Gobierno, que goce de autonomía frente a presiones políticas coyunturales, y que se encuentre sometido a todas las garantías del debido proceso y a un estrecho control judicial.
La Relatoría observó además que, en la mayoría de los casos, los marcos reguladores estatales continuaron sin establecer procesos de asignación de licencias o frecuencias abiertas, públicos y transparentes, sometidos a reglas claras y preestablecidas y a requisitos estrictamente necesarios, justos y equitativos.
os / Reporte360