de deberes laborales y a los aportes obligatorios que poco a poco han
comprometido las finanzas del sector privado.
De acuerdo a cálculos
económicos que reposan en la Asamblea Nacional, en el marco de las discusiones
de la Ley del Deporte, 47,18% de los ingresos brutos de las empresas deben
dirigirse a cumplir con esos deberes. El dato no toma en cuenta el impacto de
los impuestos municipales, los cuales varían de acuerdo a la región donde se
encuentre situada la empresa.
Además del tradicional pago por el
Impuesto sobre la Renta (ISLR), que se lleva 23,4% del dinero que ingresa, las
empresas deben enfrentar otros tributos. Por ejemplo, el Impuesto sobre las
Actividades Económicas, cuya tasa se ubica en 2%, absorbe alrededor de 10% de
los ingresos brutos.
Aunque la prometida reforma fiscal en Venezuela no
se ha hecho realidad, han surgido cargas financieras. En los últimos años se han
creado aportes, o han sido ampliados, lo que ha implicado una mayor presión para
las finanzas del sector privado.
Entre estos cambios que han surgido en
los últimos años se encuentran el aporte patronal para vivienda de los
trabajadores. A partir del año 2008 cambió la forma de calcular esa
contribución, pues una reforma a la Ley del Sistema de Seguridad Social ordenó
que el cálculo del aporte se hiciera sobre el salario integral y no sobre el
normal, además de haber eliminado el tope máximo de la cotización, que se
situaba en 10 salarios mínimos.
Sobre el aporte de 1% sobre el sueldo
que hace cada trabajador, la empresa en la que labora debe hacer uno equivalente
a 2% del salario integral.
Aportes parafiscales
Además de
esta cantidad, la empresa debe dirigir 2% de los salarios normales de sus
empleados y obreros al Inces, mientras que debe aportar entre 9 y 11% del
salario normal por concepto de la Seguridad Social de sus trabajadores.
Estos son, a grandes rasgos, los costos tradicionales que han debido
asumir las empresas tradicionalmente. Pero a esta estructura se añaden una serie
de costos más.
La Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación
(Locti) obliga a las empresas a destinar 0,5% de sus ingresos brutos a proyectos
que signifiquen mejoras productivas.
Desde diciembre del año pasado los
recursos no pueden invertirse dentro de la empresa, sino que deben ser
transferidos a un fondo que es manejado por el Gobierno nacional.
Paralelamente, la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de
Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas impone a las empresas una
contribución de 1% de su ganancia neta anual para ser destinados a programas de
prevención del consumo de drogas.
A este marco se añade la Ley de
Deportes que seguirá el debate en segunda discusión en la plenaria de la
Asamblea Nacional esta semana.
El instrumento legal define que las
empresas deben concretar un aporte a un fondo estatal, pero todavía no existe
acuerdo sobre la base para el cálculo del mismo.
Se habla de 1%, pero no
se acuerda aún si es sobre los ingresos brutos de la empresa o si es sobre las
ganancias netas. Según los cálculos que fueron presentados a la Comisión de
Desarrollo Social del Parlamento, la aplicación de ese porcentaje sobre los
ingresos brutos coloca en 47,18% la carga fiscal total sobre las empresas,
mientras que el cálculo sobre las ganancias la reduce a 44,54%.
Inconveniencias
El informe que reposa en la instancia
parlamentaria indica que definir como base los ingresos brutos resulta
regresivo, pues no toma en cuenta adecuadamente la capacidad contributiva de las
empresas. Además, el impacto resulta grande, pues no dependen de las utilidades
que registran los empresarios, y resultan peligrosos para en tiempos de menores
ganancias.
«No es conveniente seguir alimentando en nuestro sistema
tributario contribuciones que recaigan sobre los ingresos brutos, ya que cada
vez más se va a ir rompiendo la noción de progresividad hacia la cual debe
tender dicho sistema», indica el informe entregado por actores que participan en
el debate sobre la Ley del Deporte.
Agrega que, de seguir ese camino, la
presión tributaria en Venezuela «va a ser tan alta que puede llegar
materializarse un escenario de confiscación por la suma de distintos tributos».
Adicionalmente, en unos meses comenzará a aplicarse la recién aprobada
Ley de Costos y Precios Justos, la cual se estima que regulará las ganancias de
las empresas a través de la determinación de un esquema de bandas para los
precios de los productos básicos.