Cámara Venezolana de la Construcción alertó sobre expropiaciones de urbanismos

   La Cámara Venezolana de la Construcción alertó que la expropiación de varios desarrollos urbanísticos anunciado por el presidente Hugo Chávez agudizará el “complejo problema” del déficit de viviendas en el país, que supera las dos millones de unidades.

Chávez anunció ayer la expropiación de seis empresas urbanizadoras y ordenó la ocupación temporal de otras ocho, así como de una empresa siderúrgica de capital local y filial de la principal productora de cabillas del país.

El mandatario dijo que nacionalizaba los desarrollos urbanísticos para “finalizar su construcción”, supuestamente retrasada, y acelerar la “adjudicación” de los apartamentos a las personas que los habían comprado y que estarían siendo objeto de presunta usura por parte de las constructoras.

“Estas expropiaciones, lejos de aligerar el proceso de construcción de viviendas, lo retrasa, afectando negativamente a las familias venezolanas que requieren con urgencia una solución habitacional”, dijo la Cámara en un comunicado divulgado por los medios locales.

El gremio advirtió que “es evidente que la medida de expropiación desestimula la inversión privada, pues afectan al constructor y al promotor de vivienda, generando gran incertidumbre y sensación de una enorme inseguridad jurídica”.

“Para que se puedan producir desarrollos habitacionales en la cuantía que el país requiere, es imprescindible que el Ejecutivo contribuya a generar un clima de confianza y promueva la creación de la mayor cantidad de empresas posibles que se orienten a la construcción de más viviendas, en vez de expropiar las existentes”, añadió el comunicado gremial.

La Cámara ha señalado que se requiere construir unas 200.000 unidades anuales para superar el déficit de viviendas actual.

Según cifras del gremio, en 2009 se construyeron 98.000 unidades en el país, pero este año esa cifra podría caer hasta alrededor de 60.000 debido a problemas de inversión y escasez de materia prima como el cemento y el acero, ambos controlados por el Gobierno.

La Cámara de la Construcción indicó este lunes que “reitera la necesidad de constituir una mesa técnica entre el Estado, la Cámara y demás actores del sector habitacional para evaluar en forma conjunta e inmediata la situación y diseñar y sugerir soluciones para abatir la problemática”.

En octubre pasado, Chávez reconoció que una de las “deudas” de su Gobierno después de 11 años en el poder es el de la vivienda, declaró el asunto como “problema de Estado”, y anunció una inversión de 1.500 millones de dólares en un “plan de emergencia de construcción” de casas populares.

Entonces, el promotor del llamado socialismo del siglo XXI reiteró su pedido al sector privado de que trabaje junto al Gobierno para construir casas, y aclaró que solo está dispuesto a trabajar con quienes respeten las leyes vigentes y quieran vender las casas a “precios justos” para que las puedan comprar los pobres.

En los últimos cuatro años, Chávez ha designado a unos ocho ministros del área de vivienda y ha firmado acuerdos con países aliados como Brasil, Irán y China para la construcción de casas populares, cuyos niveles de avance no han sido revelados.

Chávez nacionalizó la industria del cemento en abril de 2008, entre quejas reiteradas de que los planes oficiales de construcción de viviendas se veían retrasados debido al déficit de ese material en el país, supuestamente derivado de que las cementeras exportaban la mayoría de su producción.