Diputados de la Asamblea Nacional (AN) y representantes de la Cámara de Juguetes, Deportes y Recreación, así como del Colectivo Mixto de Videojuegos del país, se reunieron para afinar detalles que permitan un cumplimiento cabal a la Ley, indica una nota de prensa del parlamento venezolano.
El presidente de la Cámara de Juguetes, Avi Kreisel, expresó que aunque ningún socio de la Cámara importa juguetes bélicos, es necesario crear un organismo que clasifique el contenido y otorgar el permiso de importación.
Indicó que con la entrada en vigor de la Ley, el pasado 3 de marzo, muchos comercios procedieron a retirar juguetes considerados bélicos de sus estanterías.
Kreisel resaltó que sus socios ya están al tanto de que si cuentan con este tipo de productos, éstos deben ser destruidos por disposición de la Ley.
Por su parte, el representante del Colectivo Mixto de Videojuego, Englebert Farfan, indicó que evalúan establecer un sistema de clasificación de contenido de los juegos virtuales.
Se refirió al sistema Cero, usado en Japón o a la Junta de Clasificación de Software de Entretenimiento (ESRB por sus siglas en inglés), utilizado en Estados Unidos, Canadá e Italia que permiten a los usuarios saber qué tipo de contenido está permitido por edad.
En general, y por lo pronto, en Venezuela están prohibidos para todas las edades los juguetes o videojuegos con contenido bélico, es decir aquellos en los que figuren armamentos de guerra, o que aun sin promover una situación de guerra contengan símbolos o imágenes que inciten a la violencia o al uso de armas de fuego.
El diputado Wilmer Iglesias, coredactor de la Ley, indicó que evaluarán las propuestas realizadas.
Asimismo, informó que la Asamblea Nacional trabajará coordinadamente con instituciones de fiscalización como el Instituto Nacional para la defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) y el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) para hacer cumplir la ley.
Recordó que existen dos tipos de sanciones para aquellos que infrinjan la norma, una tributaria que va entre 2 mil y 4 mil unidades tributarias o cárcel entre dos y cinco años.
ABN