El juez instructor, Luis Felipe Salomão, argumentó que, en casos de adopción, debe prevalecer siempre el interés del niño, una decisión refrendada de forma unánime por todos los magistrados de la cuarta sala del STJ, según un comunicado emitido por el ente.
Salomão resaltó que, en este caso, los lazos afectivos entre las niñas y sus madres adoptivas son “indiscutibles” y también constató que la mayor preocupación de la pareja es asegurar la mejor educación de las menores.
El tribunal juzgaba un recurso de la fiscalía del estado de Río Grande do Sul, que pidió retirar la custodia de las dos niñas, que estaban con las dos mujeres desde 1998.
Una de las dos mujeres adoptó las dos niñas cuando eran bebés y su compañera, que vive con ella desde aquel entonces, solicitó a la justicia figurar también como madre adoptiva, para darle más garantías y beneficios a las hijas.
Esto permitiría la inclusión de ambas niñas en un plan de salud privada familiar y la posibilidad de que se beneficien de una pensión en el caso de separación o fallecimiento.
Los tribunales regionales aceptaron la adopción en primera y segunda instancia, apoyados en estudios que rechazaban cualquier inconveniencia en que las niñas fueran criadas por una pareja de tendencia homosexual, según el STJ.
El Ministerio Público regional recurrió alegando que la unión homosexual es apenas una “sociedad de facto”, por lo que la adopción de menores violaría la ley brasileña, que obliga a la pareja a estar casada legalmente o demostrar ante la justicia que se trata de una unión estable.
Esta sentencia del STJ, última instancia de la Justicia brasileña para las causas que no afectan a artículos de la Constitución, sienta jurisprudencia, por lo que podría guiar el juicio de otros casos similares.
El pasado diciembre el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva aprobó un proyecto legislativo que por primera vez sugería al Legislativo estudiar la regulación de la unión civil entre homosexuales, un derecho aún no reconocido en el país.
Por presiones del Episcopado, el Gobierno decidió detener la aplicación de esta propuesta y optó por someter la cuestión al análisis de una audiencia pública en el Congreso, que todavía no tiene fecha.
EFE