Baltasar Garzón aseguró este martes que Colombia debe iniciar cuanto antes los juicios por violaciones de los derechos humanos en ese país sudamericano

El juez español  Baltasar Garzón aseguró este martes que Colombia debe iniciar cuanto antes los juicios por violaciones de los derechos humanos en ese país sudamericano y compensar a sus víctimas, puesto que si no ocurre, la Corte Penal Internacional (CPI) «obviamente, intervendrá».

«No acaban de arrancar los juicios debido a la falta de coordinación y decisión jurídica y política», dijo Garzón durante su intervención en el marco de un curso sobre «Derechos Humanos, justicia transicional y democracia efectiva» dentro de los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid, celebrados en San Lorenzo del Escorial (al noroeste de la capital).

Garzón reconoció que «Colombia tiene una voluntad clara» de abrir los juicios y resarcir a las víctimas del conflicto colombiano, pero no acaba de iniciarlos y ante esta situación «la CPI tendrá que decir algo, habrá denuncias y tendrá que decir si la actitud de Colombia es suficiente», afirmó Garzón, añadiendo que si no es así la Corte «obviamente intervendrá».

Las víctimas colombianas «aguantan ya demasiado y no han sido restituidas», añadió el juez español, abogando por la posibilidad de realizar juicios parciales en lugar de juzgar de golpe a todos los implicados en graves delitos y poder juzgar a algunos implicados en función de su grado de actuación, ya que «lo importante es que se juzgue y esa condena sea efectiva».

«Una ley transicional de justicia abreviada tiene un componente de visualización para la sociedad en general para que tenga credibilidad. La sociedad tiene que ver al criminal confesando sus crímenes y que haya una sentencia, si no, siempre habrá muchas dudas, incluidas las mías», afirmó el juez español.

Colombia «no ha optado, como otros países, por que no se haga nada sino por justicia, paz, compensación y reparación», recordó el juez en su intervención en un curso sobre la situación provocada por la violencia en el país sudamericano y el proceso de desmovilización de guerrilleros y paramilitares al amparo de la Ley de Justicia y Paz colombiana.