Me resisto a toda consideración jurídica y formal sobre el nuevo golpe de Estado que, en sucesión del acometido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y les cuesta sanciones individuales internacionales a sus jueces por enemigos de la democracia, ahora llevan a cabo las rectoras electorales, suertes de “tarazonas” de Nicolás Maduro. Algunos se dejan traicionar por el leguleyismo, arguyendo su nulidad de pleno derecho, como si acaso un golpe constitucional fuese algo jurídicamente debatible, antes que aceptación oblicua del macabro juego de la dictadura.
La convocatoria por este de una suerte de constituyente comunal a fin de apalancarse en el poder por sobre la sangre de los centenares de muertos y heridos que ya deja a la vera su labor represora: su masacre de jóvenes que representan el futuro del país, y la autorización por aquellas del esperpento electoral que desde ahora organizan a la medida de quien se encuentra incurso en crímenes contra la humanidad, quedará registrada dentro de las ignominias ocurridas en la historia republicana de las Américas.
Las innombrables Tibisay Lucena, Sandra Oblitas, Socorro Hernández y Tania D’Amelio habrán de responder por este otro acto de violencia contra la soberanía popular venezolana y contra la mayor conquista democrática alcanzada por esta desde la Constituyente de 1947, a saber, el derecho al voto universal, directo y secreto, es decir, un voto, una persona, y un derecho al voto para todas las personas, sin distinciones ni separaciones de origen u oficio.
Esa regla tan elemental, que incluso respeta en su momento la heterodoxa constituyente que organizara Hugo Chávez Frías en 1999, padre de nuestra tragedia actual y causante del felón quien ahora entierra sin honores su obra constitucional, desaparece por obra de las inefables rectoras, por meras cagatintas de la dictadura.
Que Maduro invoque artículos y los manipule con aviesa conducta de estafador de la legalidad, pues manda dentro de un régimen de la mentira –diría Piero Calamandrei– y le hace decir a la Constitución y las leyes lo que no dicen ni permiten, en modo alguno purifica lo que es, repito, un atentado al orden democrático, una ruptura del pacto que nos rige a los venezolanos, un golpe de Estado más, tan simple como eso.
Intentar crear una asamblea de comunas a la medida, con representantes de grupos sociales escogidos a dedo por el dictador –en una suerte de mal calco del corporativismo de estirpe fascista mussoliniana– a fin de, otra vez y por enésima vez, refundar la república y nuestro sistema constitucional, implica, sin lugar a dudas, la continuación, ahora a manos de la rectoras electorales, del golpe sistemático de Estado que ejecuta desde diciembre de 2015 el cártel que ha secuestrado a Venezuela. Y no exagero ni vilipendio, a pesar de que aquel y estas arguyan que la imponen como un camino “para la paz que nos merecemos”, a saber, la paz de los sepulcros que abren a diario en todos los cementerios de Venezuela.
El prestigioso The Washington Post ha sentenciado, no por azar, que «Venezuela está gobernada por el más poderoso cártel del mundo».
Lo esencial salta a la vista, como razonamiento elemental. Si la Lucena, directa responsable, junto a sus colegas, de la prohibición de una salida constitucional y electoral oportuna –el referendo revocatorio y la elección de gobernadores– que conjurase la violenta crisis que provoca el golpe de Estado ejecutado por los jueces constitucionales para desconocer a la Asamblea Nacional y sus competencias de control y de legislación, ahora hablan de elecciones a la “medida” para que se logre la paz, ellas son las responsables de la masacre que ejecuta Maduro. Los muertos, heridos, torturados y presos tienen como agentes materiales a guardias nacionales, policías bolivarianos y grupos paramilitares; pero la espoleta de la granada que mancha de sangre inocente la geografía patria es el efecto de las prohibiciones de CNE, negando y posponiendo «sine die» los actos electorales constitucionalmente previstos, para salvar a la cabeza del narco-andamiaje en que ha mudado el Estado venezolano.
En suma, lo que al término cabe señalar como corolario es que si Maduro enloqueció por incapaz de pagar el costo de su salida junto a sus colaboradores, implicados en crímenes de tráfico internacional de drogas al que se suman los asesinatos del pueblo que han aprisionado a la manera de escudo protector, son responsables de todo ello las rectoras del CNE. Son culpables de la tragedia que nos enluta, por serviles, por indignas de ocupar las sillas de un poder del Estado cuya autonomía relajaron para entregarlo a manos del despotismo criminal e iletrado.
Les llegará su ergástulo, a manos de la justicia, cuando venga de regreso, muy pronto. No podrán dormir hasta entonces.
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