En opinión de Asdrúbal Aguiar, ex juez de la corte interamericana de DDHH, la reforma de la Ley de Telecomunicaciones, es peligrosa, y asegura que no es sólo se trata de la discusión de una reforma. «Se trata no de una ley, sino un conjunto de leyes que de manera acelerada viene aprobando la Asamblea Nacional, para bajarle la Santa María a la democracia en Venezuela antes de fines de año».
Cree firmemente que es “simplemente cerrar el circuito de control total del estado”.
“Llama la atención poderosamente que se insista de nuevo esta clausula, que paso de contrabando en la ley de telecomunicaciones”.
Apuntó que el Presidente está “aprovechando quizás la misma tragedia y la angustia que viven los venezolanos, y que muestra el grave deterioro que sufre y ha sufrido la infraestructura a nivel nacional el Gobierno aprovecha la circunstancia para darle un palo a la lámpara y dictar las ultimas leyes que le permitan hacerse del control de todo y de todos los venezolanos antes del 31 de diciembre”.
Con relación a la Ley Habilitante dijo “ahora el presidente ha anunciado que quiere una ley habilitante para cerrar el circuito aceleradamente para darnos de regalo de navidad y quizás antes de reyes, antes que los diputados nuevos asuman la asamblea nacional un conjunto de leyes que ciertamente no hacen sino afirmar la dictadura en Venezuela”.
Afirmó que: “Está en juego en primer termino la libertad de pensamiento, expresión, de prensa, de información todas las que hacen directa relación con el desarrollo de la personalidad humana. Tiene lógica también el intento de controlar la totalidad del sector universitario por la vía legislativa por que ciertamente de allí es donde surgen profesionales y las universidades son centros de debate, de ideas y controversias que necesitan callados de manera inmediata”.
Desde su punto de vista hay una completa relación “con estas dos reformas absolutamente ominosas la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, y la Ley Resorte, de modo tal que a pesar de alguna parlamentaria del Gobierno mencionó que no se trataba de regular para intervenir”, y aclara: “Toda regulación es interventora, y en este caso más de la norma concreta de la Ley Resorte establece que el Gobierno tendrá derecho a un portal, acceso directo, de una suerte de alcabala directa por donde pasa toda la información que corre a través de la web y los servicios de las redes sociales de forma de poder censurar y controlarlo”.
Afirma que: “Adicionalmente pretenden censurar todo aquello que pueda implícitamente, tácitamente o de forma oblicua instigar a una suerte de magnicidio dentro de esta manía que le han creado al Presidente los cubanos en su cabeza para poder controlarlo y dominarlo de que todo es un magnicidio en su contra”.
Asevera que los venezolanos en general no desean la muerte del Presidente, “en definitiva los venezolanos lo queremos vivo, y muy vivo para que responda justamente por los resultados de su gestión de más de doce años que se van a cumplir”.
“La opinión pública nacional debe entender que hay una suerte de homogenización en la información del producto que se le da”, por los medios del Gobierno, “las emisoras radiales hoy en día ya son emisoras de propaganda a favor del Gobierno. En el momento en que se silencien las últimas voces, como en el caso de Globovisión, la poca prensa escrita que queda en Venezuela, cuando ocurra alguna tragedia, algún atropello del Gobierno de la voluntad popular, de esas cosas nos enteraremos cuando salga del poder Hugo Chávez Frías porque simplemente no habrá manera de saberlo”.
Dice que de aprobarse la reforma “no tendremos la información oportuna a través de la radio, o de la televisión, y dentro de poco tampoco las redes sociales de internet, de twitter, de los mails correspondientes”.
Sentencia que ese es precisamente uno de los dramas que vive Cuba, “que necesitan correr los riesgos del caso para dar a conocer lo que ocurre. Eso nos está comenzando a suceder en Venezuela, y cada venezolano cargará con su tragedia, con su penuria a cuestas porque nadie sabrá, porque no tendrá ni periodistas ni medios críticos del Gobierno que puedan cumplir esta labor fundamental”.
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