Entre las normativas que fueron sancionadas se encuentran la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, que tiene como objetivo principal »establecer, en la difusión y recepción de mensajes la responsabilidad social de los prestadores de servicios de radio y televisión, proveedores de servicios de Internet y medios electrónicos, anunciantes y usuarios (…) para fomentar el equilibrio democrático entre sus deberes, derechos e intereses».
La ley prohíbe en todos los horarios la transmisión de mensajes que contengan elementos de sexo tipo C, D y E, además de «los que puedan incitar y promover al odio y la intolerancia por razones políticas, religiosas, diferencia de género por racismo o xenofobia». También prohíbe la difusión de mensajes que puedan constituir manipulaciones mediáticas, inducir al magnicidio, que emitan ofensas a autoridades y apología del delito.
Otras de las normativa sancionada fue la Ley de Educación Universitaria y la Ley de Instituciones del Sector Bancario, la cual establece el marco legal para la constitución, funcionamiento, supervisión, inspección, control, regulación, vigilancia y sanción de las instituciones que operan en el sector bancario venezolano, sean éstas públicas, privadas o de cualquier otra forma de organización permitida por esta Ley y la Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional.
Asimismo se sancionó la Ley de los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas, la cual está orientada a ampliar la participación del pueblo en la toma de decisiones, como explicó el presidente de la Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de Comunicación, Ulises Daal.
Otra de las leyes sancionada fue la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública, que tienen por objeto garantizar la tutela efectiva del derecho constitucional a la participación libre y democrática en la toma de decisiones de todo el ámbito municipal, para la construcción de una sociedad igualitaria, de equidad y justicia social.
La AN finalizó el pasado miércoles 29 de diciembre las sesiones extraordinarias del año 2010 con la sanción de la Ley Orgánica de Emolumentos, Pensiones y Jubilaciones de los Altos Funcionarios y Funcionarias del Poder Público.
La ley tiene como objeto regular y establecer los límites máximos a los emolumentos, pensiones, jubilaciones y demás beneficios sociales de carácter remunerativo o no de los altos funcionarios, personal de alto nivel y de dirección del Poder Público y de elección popular.