«El objetivo es manifestar el hastío frente a tantos aumentos arbitrarios y sin consulta que hicieron las empresas», explicó hoy el dirigente socialista Héctor Polino, quien preside la agrupación Consumidores Libres.
Polino reclamó que la telefonía móvil sea considerada como «servicio público, para que sean más controlados», en vista de que en Argentina hay casi tantos aparatos en uso como pobladores, lo que sitúa al país entre los de mayor consumo del mundo.
Movistar, del español Grupo Telefónica, acaba de aumentar sus tarifas en un 15 por ciento, mientras que Personal, controlada por una sociedad entre Telecom Italia y el consorcio argentino Werthein, aplicará un ajuste del 20 por ciento en octubre.
Con estos nuevos ajustes, las tarifas de Movistar acumulan un incremento del 32 por ciento, mientras que las de Personal pasarán al 44 por ciento este año.
La empresa de móviles Claro, controlada por la mexicana América Móviles, ha anunciado que «por ahora» no ajustará sus tarifas.
Las tres compañías acaparan cada una cerca de un tercio del mercado argentino de telefonía móvil, en el que se han vendido unos 50 millones de aparatos, de los cuales 37 millones están en uso frente a una población calculada en unos 40 millones de habitantes.
Las asociaciones de consumidores reclaman la «urgente» aplicación de una ley de regulación del sector que incluya el derecho de los clientes a mantener el número de su móvil aunque cambie de compañía proveedora del servicio.